El impuesto territorial en Chile, tradicionalmente defendido como un tributo eficiente y estable, está generando tensiones éticas y distributivas en zonas que atraviesan procesos de gentrificación acelerada. Según un análisis de latercera.com, este tributo opera como un mecanismo de expulsión silenciosa para los adultos mayores propietarios de viviendas.
La gentrificación se define en este contexto como el desplazamiento indirecto de residentes tradicionales debido al alza del valor del suelo y la llegada de nuevos grupos socioeconómicos. Al aumentar el precio de la propiedad, aumenta la contribución, erosionando la capacidad de permanencia de quienes poseen ingresos fijos.
El problema radica en la desconexión entre el sistema previsional y el valor de mercado de las propiedades. El análisis señala que las pensiones en Chile, en la mayoría de los casos, no guardan relación con el valor de las viviendas adquiridas décadas atrás.
Un propietario que adquirió su vivienda en los años ochenta o noventa en un barrio modesto puede enfrentar hoy contribuciones propias de zonas de alto estándar urbano. Mientras el entorno y el avalúo fiscal han subido, el ingreso del jubilado no ha experimentado un cambio proporcional.
El impuesto territorial actúa bajo una ficción jurídica donde se asume que la capacidad económica del contribuyente ha aumentado en la misma proporción que el avalúo fiscal. Sin embargo, el tributo mide el valor potencial del activo sin considerar la liquidez o la verdadera aptitud económica del sujeto.
Desde la teoría tributaria, el principio de capacidad contributiva exige que los tributos se ajusten a la verdadera capacidad del contribuyente. En el caso de los adultos mayores, la aplicación del impuesto bajo supuestos abstractos genera una presión financiera que dificulta la permanencia en sus hogares.
