El abogado Nelson Caucoto alertó sobre la posible vulnerabilidad de la persecución de crímenes de lesa humanidad en Chile ante el escenario político actual. Según reportó elmostrador.cl, Caucoto manifestó su preocupación por la continuidad de los programas estatales de búsqueda de detenidos desaparecidos y la integridad de la jurisprudencia en materia de derechos humanos.
Caucoto, quien inició su labor en la Vicaría de la Solidaridad en 197·6, expresó dudas sobre el compromiso del sector opositor con la localización de víctimas. “Me planteo una interrogante: ¿Kast querrá encontrar algún desaparecido? No me imagino a Kast diciendo: ‘Mire, hemos encontrado a un detenido desaparecido’”, señaló el jurista.
El abogado también advirtió sobre posibles cambios en la estructura judicial del país. Caucoto señaló que las vacantes dejadas en la Corte Suprema por el actual gobierno podrían ser ocupadas por jueces con posturas refractarias a los derechos humanos, lo que podría desmantelar la doctrina establecida por la Segunda Sala Penal.
Riesgo de impunidad y cambios legislativos
Para el abogado, la justicia ha llegado con décadas de retraso, lo que ha permitido que muchos acusados enfrenten juicios a edades avanzadas. “Los autores de estos crímenes tienen que pagar por ellos. Aquí no hay ánimo revanchista, sino que tienen que hacerse responsables por los delitos que cometieron”, afirmó Caucoto.
El profesional también puso el foco en la posible liberación de condenados en Punta Peuco a través de nuevas leyes. Mencionó específicamente la iniciativa del senador Chahuán como una amenaza para la aplicación de la justicia en casos de secuestro permanente.
Asimismo, Caucoto criticó las declaraciones de José Antonio Kast respecto a la validez de los procesos judiciales previos. El abogado desmintió las dudas sobre la legalidad de las sentencias, recordando que estas han sido ratificadas por tribunales de primera instancia, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, casi siempre por unanimidad.
Finalmente, el abogado hizo un llamado a mantener el Plan de Búsqueda como un compromiso estatal permanente. Advirtió que el desmantelamiento del Programa de Derechos Humanos afectaría directamente el motor de las tareas de localización de víctimas en el país.
