La Municipalidad de Lanco ha sido condenada por los tribunales a pagar una indemnización superior a los 14 millones de pesos a una exfuncionaria que denunció haber sido desvinculada tras negarse a participar en la campaña de reelección del alcalde socialista Juan Rocha. La afectada, cuya relación contractual finalizó tras ser notificada en noviembre de 2024 de que su contrato no sería renovado para el periodo siguiente, interpuso una demanda de tutela laboral alegando represalias por su negativa a involucrarse en actividades proselitistas.
Según la denunciante, existía una dinámica interna donde diversas jefaturas municipales ejercían presión sobre el personal para que se sumaran activamente a las labores de campaña del jefe comunal. La trabajadora sostuvo que esta negativa fue el detonante de su despido, una tesis que fue respaldada parcialmente por el análisis judicial sobre las condiciones laborales que enfrentó durante su desempeño en el municipio.
El fallo judicial también determinó que la exfuncionaria sufrió trastornos mentales derivados de una sobrecarga laboral excesiva, situación que fue validada por el tribunal al acoger la demanda de tutela. Esta sobrecarga, según se estableció en el proceso, habría sido un factor determinante en el deterioro de la salud psicológica de la mujer, quien enfrentó cuadros de ansiedad y depresión mientras prestaba servicios para la casa edilicia.
Por su parte, la administración municipal ha rechazado categóricamente que la desvinculación tuviera motivaciones políticas. Thomas Cruz, asesor jurídico de la Municipalidad de Lanco, sostuvo que la decisión respondió exclusivamente a una facultad discrecional del jefe superior del servicio. “No es una situación de motivos políticos y, en ese sentido, eso quedó descartado por el fallo de primera instancia. Esto se debe más bien a una facultad del jefe superior del servicio”, afirmó Cruz al ser consultado sobre el caso.
El municipio ha intentado revertir la condena mediante diversas instancias judiciales, sin éxito hasta la fecha. El recurso de nulidad presentado por la entidad fue rechazado por la Corte de Apelaciones, mientras que la Corte Suprema declaró inadmisible una acción legal posterior interpuesta por el municipio.
Ante este escenario, el asesor jurídico Thomas Cruz confirmó que la municipalidad aún busca agotar los recursos procesales disponibles. “Todavía se encuentra pendiente el plazo para interponer recurso de reposición en contra de la resolución que lo declare inadmisible. Todavía está pendiente una revisión nuevamente de la procedencia del recurso de unificación”, señaló el representante legal, insistiendo en que la institución mantiene su postura sobre la legalidad del despido.
