La edad promedio a la que las mujeres se pensionan en Chile alcanzó los 62,3 años en marzo, registrando el nivel más alto desde que existen registros oficiales. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones reportadas por La Tercera, este incremento representa cinco meses más que hace un año, consolidando una tendencia al alza que ha sido sostenida en los últimos meses.
Expertos atribuyen este fenómeno a la implementación del beneficio de Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV), conocido informalmente como "bono tabla", que comenzó a entregarse en enero tras la reforma previsional. Este mecanismo incentiva a las mujeres a postergar su jubilación hasta los 65 años para equiparar su pensión a la de un hombre con igual ahorro, grupo familiar y edad.
El beneficio garantiza un monto mínimo de 0,25 UF (aproximadamente $10.000 mensuales), aunque analistas estiman que, dependiendo de cada caso, la cifra podría superar las 2 UF, equivalentes a más de $80.000. Pese a este incentivo, expertos citados por La Tercera advierten que el beneficio no ha sido comunicado suficientemente y que el efecto en la postergación de la edad de retiro debería ser aún mayor.
Desde la creación del sistema de capitalización individual en la década de los 80, la edad de jubilación en Chile no ha experimentado modificaciones legales, a pesar de que la expectativa de vida ha aumentado y diversos países de la OCDE han ajustado sus sistemas. La actual alza interanual en la edad de retiro femenina es un evento inusual, comparable únicamente con una ocasión previa en la historia del sistema.
En paralelo, el país atraviesa un debate sobre la duración de las carreras universitarias, cuya extensión en Chile puede alcanzar los seis años, contrastando con el promedio de 3,7 años en los países de la OCDE. Un análisis publicado en El Mostrador sostiene que reducir el tiempo formal de los programas de manera aislada es una respuesta simplista para un problema de mayor complejidad social y territorial.
Las universidades regionales, particularmente en zonas como La Araucanía, cumplen funciones que trascienden la formación técnica, actuando como ejes de movilidad social, pensamiento crítico y fortalecimiento de competencias en hogares donde la educación superior es un hito generacional. El debate, según El Mostrador, no debe centrarse exclusivamente en el acortamiento de los años de estudio.
La pregunta fundamental planteada por el análisis es qué capacidades se espera desarrollar y bajo qué condiciones sociales ocurre el proceso formativo. Las instituciones chilenas históricamente han asumido la tarea de disminuir brechas de origen, un esfuerzo estructural que debe ser considerado antes de implementar cambios en la duración de las carreras.
