El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) puso fin anticipado al contrato con la constructora San Sebastián, empresa encargada de las obras de reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar. La decisión responde a graves irregularidades técnicas detectadas en la ejecución del proyecto tras el megaincendio de 2024.
El ministro Iván Poduje confirmó que la cartera presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Regional de Valparaíso. La medida busca esclarecer responsabilidades por el uso de materiales no certificados y fallas críticas en los cálculos estructurales de las viviendas.
"Lo que hicimos fue ordenar un peritaje en base a denuncias que recibimos respecto a los materiales que estaba usando una constructora, que no estaban certificados", detalló el secretario de Estado. Según la autoridad, la empresa mezclaba insumos autorizados con otros de dudosa procedencia.
Un plan de emergencia para los damnificados
El titular del Minvu instruyó una revisión exhaustiva de todos los planos presentados por la compañía. Tras detectar falencias técnicas, el ministerio ordenó sumarios administrativos y acciones judiciales contra los responsables.
Para evitar nuevos retrasos, Poduje anunció un plan alternativo que busca recuperar el tiempo perdido. El objetivo del Gobierno es concretar la entrega de las viviendas durante el mes de diciembre, cumpliendo así con las familias que han esperado soluciones habitacionales por más de dos años.
La noticia ha generado un profundo malestar entre los beneficiarios. Rigoberto San James, vocero de los damnificados, cuestionó duramente la supervisión ejercida durante la administración anterior y calificó a la constructora como una "empresa fantasma".
"Si no cumplen las medidas necesarias de seguridad en cuanto a incendios o terremotos, es mejor perder eso que se hizo, perder el tiempo y empezar desde cero seriamente con una empresa que sepa del rubro", sostuvo el dirigente. San James enfatizó que el caso evidencia una negligencia estatal que ha afectado directamente a quienes perdieron sus hogares.
El Ministerio Público liderará ahora la investigación penal. La Fiscalía deberá determinar si existió malversación de fondos públicos y si la constructora incurrió en delitos al comprometer la seguridad de las futuras viviendas en una zona de alta vulnerabilidad.
