El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó este lunes una serie de medidas de seguridad y control migratorio durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso. El mandatario, quien cumplió menos de tres meses en el cargo, busca revertir la caída en sus índices de aprobación mediante una agenda enfocada en la mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.
Entre las nuevas disposiciones anunciadas por el Ejecutivo destaca la creación de un registro oficial de "vándalos" y la propuesta de extender los plazos de detención para migrantes. Estas medidas buscan consolidar la postura de seguridad que ha definido el inicio de su mandato, según reportó France 24.
En paralelo, el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, detalló en declaraciones a Cooperativa los lineamientos del "plan de salida voluntaria". Este esquema está dirigido específicamente a las 252.000 personas que se encuentran debidamente empadronadas en el país. El objetivo, según Sauerbaum, es evitar los elevados costos que el Estado chileno debe asumir actualmente por las expulsiones forzadas, para las cuales existe un presupuesto limitado aprobado por el Congreso.
El programa de salida voluntaria busca eximir a los migrantes de dos sanciones estipuladas en la Ley 21.325: las multas de entre 400.000 y 500.000 pesos para quienes excedieron su visa, y la prohibición de retorno de cinco años para quienes ingresaron por pasos no habilitados. Sauerbaum precisó que el proceso no será financiado por el Estado, sino que los propios migrantes deberán costear su salida. Aquellos que deseen reingresar al país bajo este esquema serán evaluados bajo criterios de arraigo, priorizando a quienes posean vínculos familiares, laborales o emprendimientos que demuestren un aporte al país.
La estrategia gubernamental ha mostrado señales de descoordinación interna. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, mencionó tras el discurso presidencial la intención de presentar un proyecto de ley para retener por 180 días a migrantes que no se acojan a la salida voluntaria y cometan delitos. Sin embargo, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, se desmarcó de estas declaraciones al señalar: "No sé de qué proyecto de ley está hablando el ministro Arrau. No tiene nada que ver con este programa".
Sauerbaum aclaró que los 180 días mencionados por el ministro no corresponden a una medida de detención, sino al plazo estipulado para postular al Plan de Retorno. Esta discrepancia pública evidencia las tensiones en el diseño de la política migratoria del nuevo gobierno en un momento crítico de su gestión.
