El presidente José Antonio Kast entregó este 1 de junio su primera Cuenta Pública ante el Congreso, marcando un giro institucional hacia un Estado más reducido y una postura severa en materia de seguridad. El mandatario oficializó la creación de un 'Registro de Vándalos', que contempla la pérdida de beneficios estatales —incluyendo gratuidad en educación y pensiones garantizadas— para quienes sean condenados por delitos como ataques a la fuerza pública, personal hospitalario, transporte público, monumentos nacionales o tráfico de drogas. "Nadie que quema un bus, nadie que destruye lo público, merece tener gratuidad en la educación", sentenció el jefe de Estado.
La propuesta fue recibida con escepticismo por parte de exautoridades. El exministro de Seguridad, Luis Cordero, advirtió en entrevista con CNN Chile que la privación perpetua de beneficios sociales podría contravenir el orden constitucional. "Ojo que pérdida para siempre de beneficios puede ser inconstitucional", señaló el extitular de la cartera.
El análisis político del discurso de Kast también se centró en su estilo de conducción. El sociólogo Eugenio Tironi, en declaraciones a CNN Chile, calificó el tono del presidente como un "autoritarismo de terciopelo". Según el académico, Kast proyecta una figura paternalista, comportándose más como un "gran párroco de la nación" que como un jefe de Estado, combinando delicadeza en las formas con severidad en el fondo. Tironi identificó un eje conservador claro: la transferencia de agencia desde el Estado hacia la sociedad civil, con la única excepción de la seguridad, donde el mandatario busca fortalecer la intervención estatal.
El debate sobre la seguridad pública desató un choque de interpretaciones sobre el legado de la administración anterior. Mientras Kast afirmó en su alocución que "todos los índices subieron" durante el gobierno de Gabriel Boric, el exministro Cordero tildó estas declaraciones de "excesos retóricos". Cordero sostuvo que los datos de homicidios y violencia en la Macrozona Sur mostraron una tendencia a la baja al finalizar el mandato de Boric, calificando el balance de Kast como "impreciso" y carente de fidelidad a los datos. "En los excesos retóricos se terminan pagando consecuencias con posterioridad", advirtió el exministro, sugiriendo que la actual administración carece de un plan de seguridad sólido, más allá de la retórica de campaña.
La Cuenta Pública también delineó una ambiciosa reforma administrativa. Kast confirmó el envío de un proyecto para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno y anunció la creación de una comisión de expertos para rediseñar la arquitectura del Estado, buscando eliminar duplicidades administrativas, según reportó La Tercera. El mandatario también anunció la creación de siete grupos de trabajo enfocados en el secuestro y el crimen organizado, además de intervenciones en 50 "barrios críticos" del país.
Este anuncio ocurre en medio de turbulencias en el gabinete y una caída en los índices de aprobación, agravada por el alza en los combustibles. La salida de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, fue analizada por Cordero como un error de enfoque: "Su énfasis estuvo en mirar al Ministerio de Seguridad como si fuera una extensión del Ministerio Público". En contraste, Cordero destacó que el actual ministro, Martín Arrau, "entiende la seguridad como una política de Estado", marcando una diferencia fundamental en la gestión de la crisis que el Ejecutivo intenta contener tras sus primeros 90 días de gobierno.
