El Ministerio de Hacienda de Chile emitió el Oficio N°16, documento que establece las directrices para el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y la Programación Financiera 2028-2031. El documento propone un ajuste fiscal de carácter permanente que podría alcanzar los $5,4 billones hacia el año 2027, impactando a 142 programas estatales.
El Gobierno define este escenario como de "estrechez fiscal", con el objetivo de recuperar el equilibrio de las cuentas públicas. La medida surge tras más de una década de déficit y un deterioro sostenido de la posición financiera del país.
En el Ministerio de Educación, la propuesta contempla la eventual descontinuación del Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB, cuyo costo supera el $1 billón. También se encuentra en la mira el Fondo de Apoyo a la Educación Pública.
La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, cuestionó las iniciativas advirtiendo que programas como el de alimentación escolar representan la principal fuente de comida para miles de estudiantes. Por el contrario, el diputado Álvaro Jofre, del Partido Nacional Libertario, respaldó las sugería del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, argumentando que las medidas buscan eliminar programas mal evaluados.
El ajuste también alcanza al Ministerio de Desarrollo Social, con reducciones en el programa de Familias de Acogida de Colaborador Acreditado (FAE CA) y en las Residencias de Protección para Mayores (RPM). En 2025, estos programas ejecutaron montos superiores a los $52.000 y $44.000 millones, respectivamente.
En materia de seguridad, el plan propone la descontinuación del Programa contra el Crimen Organizado (PNCO), que registró un gasto de más de $67.000 millones en 2025. Asimismo, se plantean modificaciones al Plan Calles Sin Violencia, estrategia impulsada durante la administración de Gabriel Boric.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, rechazó las medidas al señalar que implican retrocesos en políticas públicas desarrolladas durante años. En contraste, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, sostuvo que los recortes responden a la necesidad de consolidación fiscal y se basan en evaluaciones de la Dirección de Presupuestos.
Finalmente, el Ministerio de Justicia enfrenta la propuesta de eliminar el Programa de Derechos Humanos y un recorte del 15% en la asistencia judicial. El diputado Nelson Venegas, del Partido Socialista, afirmó que ejercerá su rol fiscalizador para resguardar la continuidad de las políticas sociales.
