El Gobierno del Presidente José Antonio Kast impulsa la creación de un "Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades", una medida anunciada en su primera Cuenta Pública que busca sancionar faltas que dañan la convivencia urbana mediante la restricción temporal de beneficios estatales. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló en Radio Infinita y Radio ADN que los infractores podrían ser incluidos en esta nómina por periodos de uno a cinco años, dependiendo de la gravedad de la falta, lo que implicaría la imposibilidad de postular a ayudas sociales o la retención de devoluciones de impuestos.
La propuesta enfrenta un escenario político complejo tras la reestructuración del Ministerio de Seguridad. El titular de la cartera, Martín Arrau, removió esta semana a los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, reemplazándolos por Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, según informó La Tercera. Este cambio ocurre tras los primeros 69 días de gestión, un periodo que el exministro Jorge Burgos calificó como un "esquema que fracasó", aunque valoró la decisión de Arrau de mantener la continuidad de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada anteriormente.
La iniciativa ha generado una fuerte controversia sobre sus criterios de aplicación. Mientras el Gobierno descarta que el registro incluya condenas por delitos económicos, colusión o violaciones a los Derechos Humanos —argumentando que, a diferencia de rayar el patrimonio nacional, estos delitos ya cuentan con penas privativas de libertad—, la oposición ha calificado la medida como discriminatoria. "¿No será esto una especie de ley antidisturbios que se coloca al principio del Gobierno como un disuasivo para quienes quieran manifestarse?", cuestionó el senador socialista Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, en declaraciones a Cooperativa.
El diputado comunista Luis Cuello fue más allá, advirtiendo que la medida apunta contra los sectores más vulnerables. "El Gobierno del Presidente Kast inaugura un camino peligroso del apartheid social", señaló el parlamentario, comparando la demonización del "enemigo interno" con procesos históricos de exclusión. Por su parte, el senador Castro enfatizó la falta de equidad, observando que "hay criminales incluso de lesa humanidad a los que nunca les han tocado ningún derecho social, y ahora se les va a tocar a otros que cometen faltas, ni siquiera delitos".
La crítica también llegó desde el propio sector oficialista. La excandidata presidencial Evelyn Matthei, en entrevista con Radio Pauta, cuestionó el enfoque punitivo y subrayó la importancia de la prevención sobre la sanción. "La mejor estrategia para combatir la delincuencia es evitar que niños y jóvenes ingresen a circuitos de violencia y criminalidad", sostuvo la exalcaldesa, quien abogó por fortalecer la recuperación de barrios y la generación de oportunidades como alternativa a la "plata fácil" que ofrece el crimen organizado.
El exministro Jorge Burgos, aunque coincidió en el diagnóstico sobre la impunidad de ciertas faltas, advirtió sobre los riesgos del diseño de la política pública. "Si la única medida fuera esa, por cierto que es clasista", afirmó Burgos en CNN Chile, enfatizando que el país requiere un modelo de gestión integrado basado en evidencia y no solo en paquetes legislativos reactivos. El subsecretario Pavez, en tanto, ha dejado la puerta abierta a que el Parlamento modifique los alcances del proyecto durante su tramitación, insistiendo en que el foco es disuadir conductas que han "horadado el sentido de autoridad".
