El presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional que integra a Gendarmería de Chile al cuerpo de las Fuerzas de Orden y Seguridad. La medida oficializa el traspaso de la institución desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacia el Ministerio de Seguridad Pública.
Este cambio estructural implica que Gendarmería adquiere un rango constitucional, dejando de ser un servicio público de rango legal. Sus funciones, principios y existencia quedarán protegidos directamente por la Constitución.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinerm, aseguró que un comité de expertos supervisará cada etapa del proceso para garantizar rigor técnico y visión de Estado. "Nuestro compromiso es claro: avanzar en más seguridad para el país, resguardar la dignidad de las personas privadas de libertad y fortalecer el trabajo de quienes cumplen una función en el sistema penitenciario", afirmó la autoridad.
Nueva estructura y control institucional
La reforma establece una división de funciones entre carteras gubernamentales. Mientras la custodia penitenciaria queda bajo el mando de Seguridad Pública, la responsabilidad de la reinserción social permanecerá en el Ministerio de Justicia.
El plan busca dotar a la institución de recursos propios de una fuerza de orden para reforzar la seguridad en los recintos. Asimismo, pretende enfrentar de manera más eficaz el crimen organizado que opera desde las cárceles mediante una coordinación estrecha con otras instituciones de seguridad.
Respecto al personal, el ingreso a las dotaciones se realizará exclusivamente a través de sus propias escuelas, exceptuando escalafones profesionales y empleados civiles definidos por ley. Los nombramientos, ascensos y retiros de oficiales se ejecutarán mediante decreto supremo.
El académico Juan Ignacio Nicolosi, de la Universidad de los Andes, señaló que la centralización de la seguridad, la persecución penal y la reclusión en una sola estructura ofrece una ventaja estratégica para controlar el proceso delictual. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de "contaminación cruzada" si los problemas de corrupción de Gendarmería afectan a otras instituciones.
"Los casos de corrupción que hemos visto en Gendarmería son bastante graves", enfatizó Nicolosi, sugiriendo que la coordinación debe ir acompañada de estándares de fiscalización más altos para evitar que las debilidades de un organismo impacten al resto del sistema.
La reforma también toca la autonomía gremial. Nicolosi planteó que el nuevo marco institucional podría ordenar el rol de las asociaciones de funcionarios, argumentando que la huelga es ilegal para los funcionarios del Estado y que las instituciones de seguridad deben priorizar sus funciones sobre intereses gremiales.
