La Fiscalía de Punta Arenas inició una investigación penal por un presunto fraude de subvenciones que apunta a Susana Chicuy Godoy, pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci. La indagatoria surge a raíz de una denuncia formal presentada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) tras detectar irregularidades en el acceso a un subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49).
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó la apertura del caso tras recibir antecedentes de tres funcionarios del Serviu durante una visita a Punta Arenas el pasado 2 de mayo. Según reportó Ex-Ante, Poduje ordenó las indagaciones internas a pesar de que el propio diputado Riquelme, con quien se reunió el mismo día, negó haber incurrido en irregularidades cuando ocupaba el cargo de consejero regional.
La denuncia sostiene que Chicuy fue incorporada al proyecto habitacional "Estepa Austral I" el 7 de julio de 2022, obteniendo una vivienda en 2023 pese a su situación patrimonial. Según Cooperativa, la pareja comparte tres hijos y ha mantenido sociedades comerciales como Magallania Capacitación Limitada, firma que recibió transferencias estatales por más de 401 millones de pesos en 2022 a través de Sercotec y la Tesorería General de la República.
La defensa y el historial de la pareja
El entorno del diputado Riquelme argumenta que la postulación al subsidio ocurrió en 2021, antes de que el parlamentario asumiera como consejero regional. Asimismo, sostienen que Chicuy integró una agrupación indígena para acceder al proyecto a petición de la constructora, desestimando que su ingreso se debiera a una condición de vulnerabilidad socioeconómica.
Sin embargo, la cronología de la relación sentimental es objeto de disputa. Mientras el entorno del diputado afirma que la pareja se separó en 2019 tras 18 años de relación, una sentencia del Juzgado de Garantía de Punta Arenas del 10 de mayo de 2025 contradice esta versión. En dicho fallo, derivado de una querella por injurias interpuesta por Riquelme, la propia Chicuy declaró bajo juramento que sigue siendo pareja del diputado desde hace 18 años y que ambos mantienen sociedades comerciales activas.
La fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, confirmó que la causa está en curso y se encuentra en etapa de diligencias. Por su parte, el ministro Poduje enfatizó que el ministerio mantiene un plan de fiscalización sobre tres mil casos similares para evitar el mal uso de recursos destinados a los sectores más necesitados.
“La información que nosotros tenemos es que efectivamente esta denuncia está hecha y nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales”, declaró Poduje a CNN Chile. El secretario de Estado añadió que "esto afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie se queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley”.
