La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 39% según la última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana de abril. Este dato, reportado por CNN Chile y La Terciona, representa el nivel más bajo de respaldo para el mandatario desde que asumió el cargo el pasado 11 de marzo.
La desaprobación del Ejecutivo se mantuvo en un 57%, consolidando un escenario adverso tras sus primeros 50 días de gestión. El sondeo también registró un retroceso en la valoración de los atributos personales del presidente, con caídas en carisma (36%, -7 puntos), cercanía (33%, -4 puntos) y empatía (32%).
En cuanto a su liderazgo, aunque se mantienen valores altos en responsabilidad (47%, -4 puntos), valentía (46%, -6 puntos) y autoridad (45%, -8 puntos), la evaluación de su equipo de gobierno y su capacidad para mantener ordenada a su coalición política descendieron del 39% al 31%.
Seguridad y percepción delictual
En materia de seguridad, el 67% de los consultados considera que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia. El crimen organizado es identificado por un 78% como el principal problema del país.
No obstante, la encuesta muestra una baja significativa en la percepción de aumento delictual: solo un 47% afirma que la delincuencia ha subido en los últimos dos meses. Esta cifra representa una caída de 25 puntos respecto a agosto de 2025 y la mayor disminución en este indicador desde 2014.
A pesar de este descenso en la percepción de alza, el temor a ser víctima de un delito se mantiene en un 70%. Respecto a la responsabilidad de enfrentar el fenómeno, un 54% apunta al Gobierno, un 30% a los tribunales y jueces, y un 9% a las policías.
Crisis económica y agenda de reformas
El panorama social se ve tensionado por la situación del empleo, que un 85% de los encuestados califica como mala o muy mala, el nivel más alto registrado desde marzo de 2021, según La Tercera.
En este contexto, El Mostrador analiza la implementación de la “Ley de Reconstrucción Nacional” presentada por el Ejecutivo a menos de dos meses de mandato. El medio describe este paquete como un conjunto de "contrarreformas estructurales" que busca reconstruir un país devastado por el estallamiento social y el desorden económico previo.
La propuesta incluye la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, la instauración de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones y un "perdonazo" a capitales en el exterior con un impuesto único reducido. El análisis sugiere que estas medidas se presentan bajo la lógica de usar las crisis para imponer reformas de mercado.
Simultáneamente, se registran recortes presupuestarios significativos. Un decreto de Hacienda recortará $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social, afectando programas destinados a la niñez, pueblos indígenas y juventud, mientras se discuten las rebajas impositivas bajo el argumento de reactivar la inversión.
