El panorama de la vigilancia gubernamental en Estados Unidos ha adquirido una nueva y preocupante dimensión. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están empleando una aplicación analítica desarrollada por Palantir que extrae información directamente de los registros sanitarios de millones de ciudadanos, según reportes recientes. Esta herramienta, denominada Enhanced Leads Identification and Targeting for Enforcement (Elite), funciona como un motor de mapeo predictivo para dirigir redadas de detención.
La revelación surge en un momento de intensa escrutinio sobre ICE, exacerbado tras un reciente incidente en Minneapolis. La plataforma Elite consolida datos de diversas fuentes, incluyendo información del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), para generar expedientes individuales. Estos perfiles incluyen nombres, direcciones, fotografías y, crucialmente, puntuaciones de "confianza" sobre la presencia de un individuo en su domicilio, facilitando la localización dirigida.
Aunque un portavoz del HHS afirmó que el intercambio de datos está autorizado por leyes federales, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la magnitud del flujo de información es alarmante. Se confirmó que acuerdos previos incluyen la entrega de datos personales de 79 millones de beneficiarios de Medicaid a la agencia de deportación, abarcando nombres, fechas de nacimiento e información etnorracial.
Palantir, la gigante tecnológica conocida por sus contratos con agencias de defensa e inteligencia, defiende que sus clientes operan dentro de marcos legales. Sin embargo, expertos en privacidad y grupos de defensa señalan que el uso de datos de salud, recopilados bajo la promesa de confidencialidad, para propósitos de aplicación migratoria socava la confianza pública en el sistema sanitario.
John Howard, especialista en privacidad de datos sanitarios, advierte que esta erosión de la confianza puede tener consecuencias directas en la salud pública, ya que las personas podrían evitar buscar atención médica vital por temor a la vigilancia. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) fue diseñada precisamente para fomentar esa confianza, un principio que parece estar siendo ignorado por la aplicación de leyes interinstitucionales.
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) critican duramente esta práctica, recordándonos las lecciones post-Watergate sobre la protección de la información privada frente al abuso gubernamental. La agrupación subraya que la reutilización de datos recopilados para un fin específico (servicios de salud) para un propósito completamente diferente (vigilancia migratoria) confiere un poder excesivo a las agencias.
Varias jurisdicciones estatales han desafiado legalmente estas prácticas de intercambio de datos, logrando suspensiones temporales. No obstante, la capacidad de Elite para generar mapas de densidad poblacional y perfiles predictivos representa una sofisticación tecnológica en la ejecución de políticas migratorias que redefine los límites de lo aceptable en la intersección entre salud y seguridad nacional.
Esta convergencia de Big Data, tecnología de vigilancia avanzada y políticas de inmigración plantea un dilema fundamental para las sociedades modernas: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la privacidad individual en nombre de la seguridad y el control fronterizo? La respuesta a esta pregunta determinará la naturaleza de la relación entre el ciudadano y el estado en la era digital, según informa The BMJ.