El Reino Unido ha confirmado una expansión significativa de su infraestructura de vigilancia mediante reconocimiento facial, una medida que ha encendido el debate sobre libertades civiles y ética en la adquisición tecnológica. El Ministerio del Interior británico anunció que la flota de furgonetas equipadas con esta tecnología pasará de 10 a más de 50 unidades desplegadas a nivel nacional para identificar individuos en listas de vigilancia policial.
La controversia radica en la procedencia del software de inteligencia artificial. Investigaciones revelan que el proveedor subcontratado, la empresa israelí Corsight AI, ya ha implementado esta tecnología en Gaza. Según reportes previos, el ejército israelí ha utilizado el sistema para rastrear y detener a miles de civiles palestinos en puntos de control, levantando serias preocupaciones sobre la transferencia de tecnología probada en zonas de conflicto.
Digital Barriers, la empresa británica principal en el contrato valorado en 20 millones de libras esterlinas, confirmó que Corsight es su subcontratista para el componente de IA. Esta asociación se formaliza a pesar de las críticas internacionales, incluidas las del propio gobierno británico, hacia las acciones de Israel en Gaza, donde se han denunciado graves violaciones de derechos humanos.
La tecnología de Corsight no está exenta de controversia incluso dentro de los círculos de seguridad israelíes. Reportes indican que su implementación en Gaza ha resultado en detenciones erróneas, lo que ha provocado dudas entre algunos operativos de inteligencia sobre la fiabilidad del sistema. Además, la junta directiva de Corsight incluye a exoficiales de inteligencia israelíes, incluyendo uno vinculado al controvertido “Plan de los Generales” para el asedio del norte de Gaza.
Organizaciones de derechos humanos han reaccionado con alarma. Amnistía Internacional ha instado al gobierno del Reino Unido a prohibir inversiones en empresas que facilitan la ocupación ilegal y el sistema de apartheid israelí, señalando el incumplimiento de las obligaciones legales internacionales de Londres. Human Rights Watch criticó la tendencia general de incorporar el reconocimiento facial en la policía, calificándola como un sacrificio a gran escala de los derechos humanos.
El Ministerio del Interior se ha negado a comentar sobre los detalles operativos o la debida diligencia realizada en la selección de proveedores, mientras que los intentos de contactar a Corsight y Digital Barriers no han tenido respuesta. La expansión de esta vigilancia, financiada con dinero de los contribuyentes, subraya una creciente tendencia global de adoptar herramientas de vigilancia desarrolladas y probadas en escenarios de alta tensión geopolítica, con implicaciones directas para la privacidad y las libertades fundamentales en suelo británico.
Fuente: Adaptado de reportes de Al Jazeera.