A escasas dos semanas del término de la administración del Presidente Gabriel Boric, la controversia en torno a la concesión de un cable submarino de origen chino ha escalado, provocando sanciones por parte de Estados Unidos contra tres funcionarios chilenos, incluido el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
El conflicto se agudizó luego de que se diera a conocer que el ministro Muñoz visó la concesión del proyecto a fines de enero, aunque el decreto fue anulado dos días después, según reportó El Mercurio este martes. Este antecedente ha generado fricciones dentro de la coalición gobernante, que inicialmente defendió la postura de La Moneda.
El diputado Raúl Soto (PPD), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, si bien defendió la soberanía chilena frente a la acción estadounidense, criticó la gestión interna. Soto señaló que la polémica ha sido “muy mal manejada” por el Ejecutivo, mencionando versiones contradictorias y una aparente incapacidad para anticipar y desactivar crisis.
El diputado Jaime Araya, de la misma bancada, instó al gobierno a pausar sus declaraciones y reconstruir los hechos con máximo rigor, advirtiendo sobre el riesgo de caer en contradicciones. Araya manifestó su dificultad para creer que un decreto de tal magnitud fuera firmado y anulado en tan solo dos días, sugiriendo que se debe aportar toda la información al Congreso.
Desde la oposición, el diputado Diego Schalper (RN) anunció gestiones para citar al ministro Muñoz y al subsecretario Araya a una sesión especial, evaluando incluso la posibilidad de crear una Comisión Investigadora ante las nuevas revelaciones.
No todos en la oficialista Concertación comparten la crítica. El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, recordó que la diversificación de la infraestructura digital ha sido un consenso nacional desde 2016, y que el proyecto chino fue incluso tratado durante la gira del expresidente Piñera en 2019.
El senador Tomás de Rementería (PS) defendió al ministro Muñoz, argumentando que discriminar a una empresa por su origen nacional no tiene sentido en un contexto de fomento a la competitividad. La situación pone en entredicho la coordinación final de la administración Boric ante un tema sensible de infraestructura crítica y geopolítica.
Lo que resta de la administración deberá gestionar la aclaración de estos hechos ante el Congreso, mientras se acerca el traspaso de mando, buscando evitar que este incidente se convierta en un cierre problemático para el periodo presidencial.
