Chile formalizó su postura contra el uso recreativo de pantallas en el aula con la entrada en vigor de la Ley 21.801, uniéndose a un creciente bloque latinoamericano que incluye a Brasil y Ecuador. El consenso técnico entre los ministerios de educación de la región en 2026 señala que la distracción algorítmica es incompatible con el rendimiento académico en niveles básicos y medios.
La normativa chilena, efectiva desde el 4 de marzo, establece una prohibición generalizada en educación básica y media, aunque contempla cinco excepciones legales clave. Estas exenciones cubren situaciones de salud, necesidades educativas especiales y emergencias, diferenciando el marco chileno de modelos más estrictos.
Brasil mantiene una de las posturas más rigurosas, facultando a los docentes para retirar equipos al ingreso del aula, una medida impulsada tras reportes sobre el aumento del ciberacoso. Ecuador, por su parte, fue pionero al prohibir el uso hasta el décimo año y restringir la captura de imagen dentro de los recintos escolares para combatir problemas de privacidad.
En contraste, otros mercados como Argentina presentan un modelo regionalizado, donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera con prohibiciones en primaria, pero sin un instrumento legal federal unificado. Colombia debate actualmente una propuesta que no solo veta el uso, sino que también regula los contenidos accesibles en redes escolares, enfocándose en la salud mental.
México impulsa una reforma federal a su Ley General de Educación para 2026, consolidando criterios que ya tenían éxito en estados específicos como Querétaro. El argumento central mexicano vincula el uso excesivo de pantallas con el sedentarismo y la obesidad infantil, buscando un equilibrio entre tecnología y bienestar físico.
Según reportes de Fayerwayer, la implementación de estas políticas de “mochila cerrada” en países como Chile y Brasil busca liberar la capacidad cognitiva de los estudiantes de las interrupciones constantes. El desafío para los establecimientos será fiscalizar estas normas sin comprometer la necesaria alfabetización digital futura.
El éxito de esta transición educativa regional dependerá de la aplicación efectiva de las medidas y si la reducción de la exposición a dispositivos se traduce directamente en una mejora de la convivencia escolar y los resultados de aprendizaje.
