Un juez federal estadounidense prohibió a los fiscales solicitar la pena de muerte contra Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York en diciembre de 2024. La decisión del viernes desestimó dos cargos federales contra Mangione que permitían la pena capital: asesinato y uso de un arma con silenciador, según reportó France 24.
La jueza Margaret Garnett especificó en una presentación judicial que la determinación busca "exclusivamente excluir la pena de muerte como castigo disponible para que el jurado lo considere". Mangione, de veintisiete años, todavía enfrenta dos cargos federales por acecho y cargos de asesinato a nivel estatal, por los cuales se declaró no culpable en ambos fueros.
Si es declarado culpable de los cargos de acecho, Mangione se enfrenta a una posible cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio federal está programado para comenzar con la selección del jurado el ocho de septiembre, marcando un punto clave en el proceso judicial.
El asesinato de Thompson, capturado en video de vigilancia, generó indignación pública en Estados Unidos respecto al modelo de atención médica privada impulsado por ganancias. Mangione fue arrestado cinco días después del crimen en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros de la escena, tras una pista de un empleado.
En otra resolución significativa, la jueza Garnett rechazó los intentos de la defensa de suprimir como evidencia una mochila incautada durante el arresto. Dentro de ella, las autoridades encontraron una pistola, un silenciador, munición y un cuaderno rojo descrito como un "manifiesto".
La decisión de vetar la pena capital revierte la directriz de la fiscal general Pam Bondi, quien había ordenado a los fiscales federales de Manhattan buscar la ejecución, cumpliendo una promesa de campaña del expresidente Donald Trump. Esta era la primera vez que el Departamento de Justicia buscaba la pena capital durante el segundo mandato de Trump.
El contexto geopolítico y económico del caso resalta la tensión sobre la reforma sanitaria en Estados Unidos y la aplicación de castigos federales severos. La administración anterior había reanudado las ejecuciones federales tras una pausa bajo su predecesor, Joe Biden.
