Tres mujeres fueron asesinadas en el estado de Puebla, confirmaron las autoridades locales el domingo. Los cuerpos aparecieron en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte, después de que las víctimas fueran reportadas como desaparecidas desde el inicio de marzo. El hallazgo de los restos confirma un caso de violencia extrema que ha generado consternación en la región poblana.
Las víctimas identificadas son Félix de 42 años, así como sus hijas Johana María de 20 años y Yeraldine de 10 años. Sujetos armados sacaron a las tres mujeres por la fuerza de su vivienda en el municipio de Coyuaco el pasado cuatro de marzo. Las autoridades determinaron que los cuerpos presentaban algún grado de descomposición al ser encontrados.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado precisó que es falsa la información difundida sobre hechos violentos en el municipio de General Felipe Ángeles. Diversos medios locales habían reportado previamente que un hombre y sus dos hijos menores de edad habían sido asesinados a tiros en los límites de ese territorio. Sin embargo, horas después se descartó dicha denuncia tras el intercambio de datos entre las distintas instituciones.
Durante los primeros dos meses del año, se han registrado en el estado de Puebla un total de 119 asesinatos según el recuento oficial. Esto representa un promedio de casi dos homicidios al día en territorio poblano, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal. Los datos oficiales reflejan una tendencia preocupante en el índice de violencia letal del sector.
El estado sufre, desde hace un par de años, los efectos de la violencia relacionada con la operación de bandas de narcomenudistas y de huachicol. En la zona metropolitana de la ciudad de Puebla se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios. Esta dinámica criminal afecta directamente la estabilidad institucional de la entidad.
Los hechos de violencia extrema en Puebla, como masacres y descuartizamientos, registraron un incremento durante el año 2025. La organización civil Causa en Común documentó el aumento de estas operaciones brutales en el territorio nacional. Los informes señalan que la impunidad sigue siendo un factor clave en la escalada de la inseguridad.
La situación de seguridad en la región impacta la percepción de los inversionistas sobre la capacidad del gobierno para garantizar la estabilidad. La inseguridad crónica puede frenar el desarrollo económico en zonas rurales donde operan las bandas criminales. Las autoridades enfrentan la presión de mejorar los protocolos de protección en las comunidades afectadas. El impacto fiscal de estos eventos también reduce los recursos disponibles para el bienestar social local.
Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la desaparición y los homicidios de la familia. Se espera que el Ministerio Público presente más detalles sobre la ruta criminal seguida por los sujetos armados. El caso servirá como referencia para evaluar la eficacia de las estrategias gubernamentales contra la delincuencia organizada. El seguimiento de estos resultados será crucial para entender la evolución de la violencia en la zona.
