El Partido Nacional Libertario confirmó este lunes que impulsará una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Ximena Aguilera. La decisión se toma tras un informe de la Contraloría que señala gestiones telefónicas irregulares durante una cirugía de su madre. Hans Marowski, presidente de la bancada, indicó que el texto legal ya se encuentra en proceso de firma.
Según el reporte de la Contraloría General de la República, hubo llamadas desde el Ministerio de Salud que aceleraron el procedimiento médico. El documento oficial detalla que las llamadas se realizaron desde la oficina del Ministerio de Salud. El jefe de asesores de Aguilera, Manuel Nájera, habría coordinado la atención preferente en el Hospital del Salvador. Estas gestiones violarían los principios de probidad administrativa establecidos en la normativa vigente.
Marowski explicó que la bancada ya ha evaluado la situación y considera necesario proceder legalmente. Se requiere reunir las firmas necesarias para presentar la acusación ante la Cámara de Diputados. El parlamentario enfatizó que la prioridad de la madre sobre otros pacientes en lista de espera es el núcleo del conflicto.
Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de diciembre cuando la madre de la extitular ingresó por urgencias. Fue operada diez horas después de su ingreso por una fractura de cadera que requería atención inmediata. La polémica surgió cuando se reveló que la llegada de la paciente fue advertida anticipadamente.
Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, resaltó la gravedad del caso durante la conferencia de prensa. Kaiser recordó que una persona falleció mientras se levantó un teléfono para priorizar la cirugía de la ministra. Esta declaración subraya el impacto social que tiene la percepción de privilegios en el sistema público.
La acusación constitucional es un mecanismo previsto en la Constitución para juzgar a altos funcionarios por violaciones graves. De prosperar, el proceso podría derivar en la inhabilitación política de la exministra por un periodo determinado. Este tipo de procedimientos son comunes en la política chilena cuando hay indicios de abuso de poder.
El caso genera tensiones en torno a la confianza en el sistema de salud público y la gestión ministerial. Analistas sugieren que esto podría afectar la imagen de los partidos de derecha en el Congreso. La opinión pública muestra un alto nivel de preocupación por la equidad en el acceso a la atención médica. La fiscalía continúa investigando los detalles de las llamadas telefónicas para determinar responsabilidades penales.
La bancada nacionalista espera completar la recolección de firmas en los próximos días para formalizar el trámite. Mientras tanto, Aguilera mantiene su posición de no haber estado al tanto de las gestiones de su asesor. El escrutinio público sobre el Ministerio de Salud se intensificará mientras avanza el proceso legal.
