Al menos 170 personas murieron en ataques aéreos perpetrados por las fuerzas armadas de Myanmar durante el proceso electoral de varias semanas, según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Fuentes creíbles documentaron las muertes civiles, además de registrar 408 ataques aéreos militares entre diciembre de 2025 y la semana pasada, coincidiendo con la tercera y última ronda de votación. Este proceso electoral ha sido ampliamente condenado como una farsa por diversas naciones y organizaciones de derechos humanos.
El Partido de la Unión y la Solidaridad (USDP), alineado con la cúpula militar, obtuvo una victoria abrumadora, de acuerdo con los medios estatales, un resultado anticipado dada la naturaleza estrictamente controlada del sufragio. La votación no pudo realizarse en vastas áreas del país, sumido en una guerra civil desde el golpe de Estado de 2021 que derrocó a la líder electa Aung San Suu Kyi.
El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, calificó el proceso como "organizado por los militares", señalando la exclusión de candidatos opositores y ciertos grupos étnicos. Türk destacó que las decisiones de votar o abstenerse se tomaron "puramente por miedo", contraviniendo los derechos civiles y políticos internacionales.
James Rodehaver, jefe del equipo de Derechos Humanos de la ONU en Myanmar, indicó que las cifras de víctimas civiles provienen de fuentes abiertas y cubren desde el inicio de la campaña hasta el día de la votación final en enero. Rodehaver advirtió que las cifras son probablemente incompletas debido a los cortes de comunicación y el temor de los residentes a reportar incidentes.
El conflicto y la inseguridad han continuado sin cesar en muchas regiones, complicando la verificación precisa de los daños colaterales generados por la ofensiva militar. La junta militar busca consolidar su control político a través de partidos fachada, manteniendo a la oposición fuera del espectro legal.
Las implicaciones geopolíticas se centran en la creciente polarización y el aislamiento internacional del régimen, que utiliza la fachada electoral para legitimar su autoridad ante actores regionales y globales. La comunidad internacional evalúa posibles respuestas ante la escalada de violencia y la negación de derechos básicos.
