Un juez de control en el estado de Michoacán ordenó la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo, detenidos el pasado 24 de febrero. Los agentes fueron liberados bajo un régimen de suspensión del proceso penal y libertad condicional tras participar en bloqueos criminales organizados. La medida judicial se implementó inmediatamente después de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fuera abatido en operaciones federales recientes.
Las restricciones impuestas a los imputados incluyen residir en un domicilio específico y abstenerse de consumir estupefacientes o alcohol en exceso durante el periodo. Además, deberán prestar servicio social una vez por semana en el municipio de Zamora bajo supervisión estricta de la autoridad judicial. El tribunal estableció que los detenidos deben firmar una vez a la semana y no pueden viajar al extranjero durante los 6 meses de vigilancia.
Las autoridades estatales detuvieron a los 11 elementos cuando circulaban en vehículos armados sin insignias de corporación oficial visible. Entre los detenidos se encontraba Jorge Andrés N, quien ejercía formalmente como director de la Policía Municipal de Ecuandureo. La captura ocurrió durante un operativo de la Guardia Civil en respuesta a quemas de vehículos y bloqueos en la zona de Michoacán.
Durante la revisión de los vehículos, la Secretaría de Seguridad Pública del estado encontró armas de fuego e insignias del grupo criminal organizado. También se recuperaron teléfonos celulares que contenían grupos de WhatsApp para filtrar información operativa entre los criminales y fuerzas estatales. Esta evidencia sugiere una coordinación directa para alertar sobre la movilización de elementos federales y estatales en la región constantemente.
La Fiscalía General del Estado investiga ahora a este grupo por su presunta participación en ataques contra autoridades estatales y federales. Los elementos fueron presentados ante la Unidad de Asuntos Especiales para definir su situación jurídica inmediata según reportó El Universal. La investigación busca determinar el alcance de la red de corrupción dentro de las instituciones policiales locales de la región.
Este caso resalta los desafíos persistentes de seguridad pública en las zonas fronterizas y productoras de narcomenudeo en México. La infiltración de grupos criminales en corporaciones municipales debilita la capacidad del estado para mantener el orden en Michoacán. Analistas señalan que estas liberaciones pueden generar preocupación sobre la eficacia de las medidas cautelares en contextos de alta violencia.
La vigilancia y supervisión de la unidad de Medidas Cautelares durará 6 meses para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas. Los imputados deberán informar a la jurisdicción sobre cualquier cambio en su actividad, lugar o horarios de trabajo previos. La falta de cumplimiento de estos requisitos podría resultar en la revocación de la libertad condicional y el encarcelamiento inmediato.
La situación en Michoacán se compara frecuentemente con otros estados donde la corrupción policial ha sido un obstáculo para la seguridad nacional. El abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes aumentó la presión sobre las autoridades estatales para limpiar las corporaciones locales de vínculos criminales. Se espera que más detenciones sigan a esta operación inicial según las declaraciones de los funcionarios encargados de la investigación.
