Un grupo de ciudadanos estadounidenses y organizaciones de derechos de inmigrantes interpuso una demanda para impugnar la amplia suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para 75 países decretada por la administración del presidente Donald Trump. La acción legal, presentada el lunes, sostiene que la Casa Blanca se basó en una narrativa inexacta para justificar una de las restricciones más significativas a la inmigración legal en la historia reciente del país.
La demanda de 106 páginas acusa a la administración de apoyarse en una afirmación no respaldada y demostrablemente falsa: que los nacionales de los países cubiertos migran a Estados Unidos para depender indebidamente de la asistencia social y probablemente se convertirán en "cargas públicas". El Departamento de Estado describió la medida, anunciada a mediados de enero, como una "pausa" en el procesamiento de visas de inmigrante para naciones cuyos migrantes, según ellos, extraen recursos del pueblo estadounidense a tasas inaceptables.
Los demandantes argumentan que la política constituye una prohibición ilegal basada en la nacionalidad y un nuevo conjunto de normas discriminatorias sobre la carga pública, despojando a las familias y trabajadores de procesos garantizados por ley, según un resumen del Centro Nacional de Derecho de Inmigración. La provisión de "carga pública" está destinada a ser una determinación individualizada sobre si un solicitante corre el riesgo de depender principalmente y permanentemente del gobierno para su subsistencia.
La acción legal incluye a ciudadanos estadounidenses que habían solicitado la reunificación familiar y a extranjeros aprobados para visas de inmigrante por empleo especializado. Abogados que apoyan el caso señalaron que la política afecta desproporcionadamente a personas de África, Oriente Medio, Asia Meridional y Oriental y Europa del Este.
El Departamento de Estado, a través de su portavoz Tommy Pigott, defendió la medida afirmando que la visa es un privilegio y no un derecho, y que la suspensión permite evaluar y mejorar los procedimientos de selección y verificación. Pigott indicó que el requisito de autosuficiencia financiera evita miles de millones en desperdicio, fraude y abuso, protegiendo los beneficios públicos para los ciudadanos estadounidenses.
La lista de países afectados incluye a naciones como Afganistán, Brasil, Colombia, Nigeria, Somalia y Rusia, aunque las visas no inmigrantes, como las de negocios y turismo, permanecen exentas. El Departamento de Estado no ha revelado los criterios específicos utilizados para seleccionar los 75 países incluidos en la restricción.
El resultado de esta nueva demanda, que se suma a numerosos desafíos legales, es incierto, aunque los demandantes han logrado pausas temporales en otras políticas migratorias recientes. Precedentes anteriores, como el fallo de 2018 de la Corte Suprema que respaldó la prohibición de visas a países de mayoría musulmana, sugieren que el presidente posee una amplia discreción para limitar el ingreso de individuos a Estados Unidos.
