La administración del presidente Gabriel Boric enfrenta una creciente controversia diplomática y política derivada del proyecto de cable submarino que conectaría a Chile con China, lo que ha generado fricciones con Estados Unidos. La tensión escaló tras la revocación de visas a tres funcionarios chilenos por parte de Washington, una medida que el mandatario chileno tildó de “arbitraria, unilateral y sorpresiva”.
Nuevos antecedentes conocidos públicamente ponen en tela de juicio la versión entregada por La Moneda respecto al momento y conocimiento del decreto que impulsaba el proyecto. Se reveló que, el mismo día de la firma de la resolución que autorizaba el inicio, un funcionario de la embajada estadounidense alertó sobre las repercusiones a un asesor ministerial.
Esta advertencia llevó a que el Secretario de Estado estadounidense presentara las alertas directamente al Presidente Boric, momento en el cual se habría decidido anular el decreto para su revisión. Este cronograma contradice la postura inicial del gobierno, que sugirió sorpresa ante la acción estadounidense, según reportes analizados por el medio chileno BioBioChile en su programa Causa y Efecto.
Las declaraciones de los propios ministros han evidenciado posturas divergentes sobre el avance del proyecto de infraestructura, que busca conectar Valparaíso con Hong Kong. Mientras el subsecretario Claudio Araya indicó que estaban en la “recta final” para la firma, el canciller Alberto Van Klaveren afirmó que el proceso se encontraba en etapas iniciales.
Por su parte, el ministro Juan Carlos Muñoz inicialmente señaló que faltaba una fase considerable en la tramitación, aunque la ministra Macarena Lobos mencionó la necesidad de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República para un decreto exento. Estas contradicciones internas debilitan la posición negociadora de Chile frente a las presiones geopolíticas.
El proyecto del cable chino es un punto neurálgico en la competencia tecnológica y geoestratégica entre Estados Unidos y China, lo que explica la sensibilidad de Washington ante su desarrollo en el Cono Sur. La gestión de esta controversia definirá la capacidad del gobierno chileno para equilibrar sus relaciones con ambas potencias.
La Moneda debe ahora clarificar la secuencia de eventos y el verdadero estado administrativo del decreto anulado para mitigar el daño a la credibilidad interna y externa. El manejo de esta información sensible será crucial en las futuras interacciones económicas y diplomáticas con sus principales socios internacionales.
