El gobierno mexicano confirmó el abatimiento del cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las estructuras criminales más influyentes en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y la extorsión doméstica. El CJNG mantiene un control territorial significativo y ha consolidado redes de corrupción a nivel local en varios estados de la federación.
La experiencia histórica en América Latina sugiere que la eliminación de un jefe criminal no se traduce automáticamente en la reducción de la violencia o en el colapso de la organización. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue blanco de un ataque en 2020, evidenciando la capacidad de respuesta violenta del crimen organizado.
Se anticipan al menos cuatro procesos inmediatos tras la neutralización del líder, según análisis comparados. Estos incluyen un aumento de la violencia dirigida contra funcionarios como represalia o advertencia, y un reacomodo en el control territorial y los mercados ilícitos. Estos movimientos suelen generar picos de homicidios por disputas internas o con cárteles rivales.
El tercer proceso esperado es la adaptación organizacional, particularmente plausible en el caso del CJNG dada su estructura jerárquica y diversificación económica. Si la organización posee suficiente institucionalización interna, un nuevo liderazgo puede emerger rápidamente para asegurar la continuidad operativa y las finanzas ilícitas.
El efecto simbólico para el gobierno es temporalmente positivo, fortaleciendo la percepción de capacidad estatal. Sin embargo, la evidencia apunta a que los efectos más inmediatos son la violencia represalia y la disputa por el control, concentrados en zonas de presencia criminal consolidada.
Para lograr un debilitamiento estructural, la acción táctica debe ser complementada con estrategias sostenidas. Esto implica presencia policial efectiva, fortalecimiento de capacidades investigativas y un combate frontal a la corrupción institucional que ha facilitado la expansión del cártel.
Adicionalmente, los factores sociales que alimentan el reclutamiento criminal no pueden ser ignorados. Las economías ilícitas prosperan en contextos de precariedad y exclusión, exigiendo que la política de seguridad se vincule a una política social coherente.
Finalmente, el incentivo económico del fentanilo persiste mientras la demanda en Estados Unidos sea masiva y rentable. La muerte de un líder es una victoria política, pero sin una transformación institucional que fortalezca la gobernanza territorial, el vacío de poder será ocupado con celeridad.
