Analistas y observadores, tanto dentro de Israel como en su diáspora, han emitido advertencias sobre la posibilidad de que el estado israelí actual se vea disminuido y pierda su estatus de hegemonía regional si mantiene su rumbo actual. Estos expertos señalan indicadores como la creciente polarización política, la erosión de la confianza de los inversores y los cambios demográficos fundamentales como factores que hacen casi inevitable el colapso de la iteración actual del estado en las próximas décadas.
El economista político Shir Hever explicó que la discusión no es sobre la desaparición total, sino sobre si el país continuará como la misma entidad, comparando el escenario con la transformación de Sudáfrica del apartheid o la Alemania Oriental tras la unificación. El argumento central sostiene que la configuración actual de Israel es insostenible, impulsada más por divisiones internas que por factores externos.
Se observa una diáspora significativa de israelíes seculares, incluidos empresarios clave para el sector tecnológico, mientras que el segmento sionista religioso y ultraortodoxo crece rápidamente aportando menos al erario. Esta dinámica amenaza la capacidad económica para sostener los objetivos expansionistas de un gobierno de derecha, mientras se subsidia a una población dependiente de beneficios estatales.
La profunda polarización política, exacerbada por la guerra y los intentos de debilitar el poder judicial, es un factor de expulsión clave para la población secular. Eugene Kandel, exjefe del Consejo Económico Nacional, y Ron Tzur, director del Instituto de Futuros Estratégicos de Israel, proyectaron en 2024 que el país es poco probable que alcance su centenario de 1948 si persisten las divisiones internas entre liberales seculares, partidarios de un estado religioso y defensores de la igualdad total.
La fuga de capital humano cualificado es crítica, ya que, según Hever, Israel depende de unos 300,000 miembros de una élite central para mantener su estatus de economía desarrollada. La partida de estos profesionales educados, que hablan inglés y están expuestos a medios internacionales, podría degradar su estatus a una economía en desarrollo, lo cual no puede permitirse un estado con costes de ocupación y militares elevados.
La confianza inversora también ha sufrido un golpe debido a las reformas judiciales y la inestabilidad bélica, socavando el crecimiento necesario para financiar el gasto militar y el apoyo a la creciente población ultraortodoxa. Demógrafos proyectan que la carga fiscal sobre los hogares no ortodoxos aumentará drásticamente para sostener la comunidad ultraortodoxa, cuyos números se triplicarán para 2065, según reportes citados por Kandel y Tzur.
Incluso antes de las recientes crisis, los inversores institucionales ya estaban retirando capital, con cerca del 50% de la inversión interna moviéndose al extranjero. La incertidumbre regulatoria, especialmente en temas de propiedad intelectual y fiscalidad, causada por la reforma judicial, ha reducido la inversión extranjera, particularmente en el sector tecnológico, vital para la economía.
