El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas a tres altos funcionarios de la administración saliente del presidente Gabriel Boric, entre ellos al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y dos asesores. La sanción se fundamenta en la preocupación de Washington por un proyecto de cable submarino de fibra óptica propuesto con China, según confirmaron fuentes oficiales chilenas.
La decisión se produjo en las postrimerías del gobierno de izquierda, pese a que el proyecto chino se encontraba formalmente en etapa de evaluación y no había sido aprobado por Chile. El canciller chileno explicó que la Casa Blanca interpretó la propuesta como una acción que podría socavar la seguridad regional, aunque el ministro Muñoz señaló que la medida era injusta y afectaba también a sus familiares directos.
Expertos y exfuncionarios chilenos interpretaron la revocación de visados como una señal directa dirigida también al futuro gobierno, especialmente considerando que el presidente electo, José Antonio Kast, ha sido convocado a la Cumbre Shield of the Americas en Miami. Esta tensión diplomática subraya la sensibilidad geopolítica en torno a la infraestructura crítica en América Latina.
El ministro Muñoz, quien posee un doctorado en California, había defendido la evaluación del proyecto chino, mientras que Brandon Judd, citado en reportes, calificó de “irrisorio” que el gobierno chileno se sorprendiera por la reacción estadounidense. Washington ha acusado al gobierno de Boric de socavar la seguridad regional a través de esta propuesta no ratificada.
La administración Boric había mantenido la situación del proyecto en “evaluación”, aunque se reportó que un decreto relacionado fue firmado y posteriormente anulado a finales de enero. Este manejo genera un desajuste entre el relato oficial y la percepción de los actores internacionales sobre la soberanía en decisiones de infraestructura clave.
En un contexto más amplio, la transición política en Chile se desarrolla con normalidad institucional, pero marcada por estas fricciones internacionales en materia de telecomunicaciones. La nueva administración deberá gestionar las relaciones con Estados Unidos mientras define su postura definitiva sobre la inversión extranjera en este sector estratégico.
Este episodio resalta la presión ejercida por Estados Unidos sobre socios regionales para limitar la influencia tecnológica de China en infraestructuras sensibles. La situación pone de relieve el desafío de Chile para equilibrar su soberanía en la toma de decisiones económicas con las expectativas de seguridad de sus aliados tradicionales.
