La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que solicitará formalmente la creación de una comisión investigadora el próximo 11 de marzo, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo legislativo. Esta acción surge tras la controversia generada por la firma y posterior anulación de un decreto del Ministerio de Transportes que autorizaba un proyecto de cable submarino vinculado a China, un tema sensible por las advertencias previas de Estados Unidos.
Jorge Alessandri, futuro jefe de la bancada gremialista, y la diputada Marlene Pérez, señalaron que el gobierno no transparentó el antecedente de la firma del decreto, el cual fue revertido dos días después de su emisión. Los parlamentarios alegan que la gestión del caso evidencia una falta de veracidad por parte de las autoridades involucradas.
El presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, criticó duramente la gestión de la crisis, indicando que las versiones contradictorias entre el Presidente y los ministros, sumadas a las advertencias del embajador estadounidense, dañan significativamente la imagen internacional de Chile. Ramírez enfatizó que proyectos de infraestructura de esta magnitud requieren mayor seriedad y transparencia.
La UDI sostiene que cada nuevo antecedente conocido contradice las explicaciones oficiales, sugiriendo la existencia de una red de omisiones por parte de ciertos funcionarios. Este episodio pone en tela de juicio la coordinación interna del Ejecutivo en materias de infraestructura estratégica y relaciones exteriores.
Por su parte, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y futuro senador, respaldó la iniciativa, calificándola como una instancia adecuada para esclarecer los hechos. Squella sugirió que la Cámara de Diputados debe interpelar a los ministros salientes y funcionarios públicos sobre la tramitación de este proyecto sensible.
Squella destacó la necesidad de clarificar la tramitación de un proyecto con implicancias geopolíticas entre Estados Unidos y China, y el potencial riesgo de seguridad que la controversia ha puesto sobre la mesa. La oposición busca determinar el alcance real de las decisiones tomadas en las etapas finales de la administración actual.
El requerimiento de la comisión investigadora se centrará en la opacidad percibida en el proceso administrativo y las comunicaciones oficiales relativas al cable submarino. Esto marca un punto de fricción política en el inicio del periodo legislativo, enfocando la atención en la gobernanza de proyectos de infraestructura crítica.
