El Ejecutivo chileno ha ofrecido explicaciones matizadas sobre la anulación de un decreto que autorizaba el proyecto de cable submarino de China Mobile, luego de que se conociera que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones firmó la resolución el 27 de enero, solo para anularla dos días después. Las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, presentan ligeras divergencias respecto al momento exacto de la revisión de antecedentes.
La controversia se intensificó tras reportes que detallaron la intervención de Estados Unidos, incluyendo la revocación de visas a funcionarios chilenos, justificada por Washington como una medida contra el compromiso de infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Este proyecto chino competía directamente con un cable submarino ya adjudicado a la empresa estadounidense Google, añadiendo una capa geopolítica a la decisión regulatoria.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, confirmó haberse reunido con el embajador de EE. UU., Brandon Judd, el 2 de febrero, instancia en la que, según Muñoz, fue advertido sobre posibles represalias de la Casa Blanca si el proyecto avanzaba. Esta reunión ocurrió después de la firma del decreto inicial, lo que complica la narrativa oficial sobre la secuencia de los hechos.
El ministro Elizalde argumentó que el proyecto se encontraba en una etapa inicial, señalando que el decreto no había sido enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón, lo que impedía su consolidación administrativa. Elizalde afirmó que la decisión de revisar antecedentes fue previa a la reunión de Muñoz con el embajador estadounidense, basándose en información recibida por un asesor ministerial.
Por su parte, la ministra Lobos ofreció una versión que sugiere una causalidad directa, indicando que Muñoz decidió una revisión más exhaustiva de los antecedentes a raíz de las preocupaciones planteadas por el embajador de Estados Unidos. Lobos también mencionó que se han trasladado antecedentes a la agencia de ciberseguridad nacional debido a las alertas sobre posibles ciberataques.
La situación pone en relieve la tensión entre las relaciones comerciales de Chile con China y su alianza estratégica con Estados Unidos, especialmente en infraestructura crítica. El manejo comunicacional de La Moneda busca mitigar la percepción de que la decisión fue tomada únicamente bajo presión externa, enfatizando los procesos administrativos internos.
El futuro del proyecto de China Mobile queda en suspenso mientras el Ejecutivo evalúa todos los antecedentes, incluyendo las implicaciones de ciberseguridad y las advertencias diplomáticas recibidas. La transparencia en este proceso será clave para mantener la confianza en la estabilidad regulatoria chilena.
