El gobierno del Presidente Gabriel Boric insiste en que el proyecto de cable submarino propuesto por China Mobile entre Valparaíso y Hong Kong se detuvo en una fase inicial, pese a que el entonces ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto de concesión. Esta postura busca mitigar las repercusiones diplomáticas tras las alertas levantadas por Estados Unidos respecto a la iniciativa.
La controversia se agudizó cuando se reveló que el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones se reunió con un representante de la Embajada estadounidense horas después de la firma de Muñoz, instancia en que se expresaron las preocupaciones de Washington. La Moneda omitió inicialmente la existencia de este decreto que luego fue revertido, convirtiéndose en el principal flanco expuesto del Ejecutivo.
El ministro de Transportes sancionado, Juan Carlos Muñoz, recibió respaldo implícito del embajador chino, Niu Qingbao, quien calificó las acciones de los funcionarios chilenos como "muy favorables para los intereses nacionales de Chile". Esto ocurre en medio de la defensa del proyecto por parte de China, que asegura que no socava la seguridad regional.
La situación generó reacciones políticas internas, con parlamentarios de la coalición oficialista criticando la forma en que se manejó el episodio. Voces dentro del Partido por la Democracia (PPD) señalaron que la polémica había sido "muy mal manejada" por el equipo gubernamental entrante y saliente.
Desde la oposición, el líder José Antonio Kast exigió a La Moneda aclarar completamente el episodio del cable, mientras que el futuro canciller, Ricardo Montero, ha estado monitoreando la tensión diplomática con Estados Unidos. Las explicaciones oficiales sobre la anulación del decreto han presentado matices entre las autoridades, incluyendo al ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
El exembajador de Chile en China, Luis Schmidt, advirtió sobre los riesgos de basar la política exterior chilena en sesgos ideológicos, en un contexto donde la relación bilateral con Estados Unidos se encuentra bajo escrutinio por esta decisión de infraestructura crítica.
El episodio del cable submarino tensa el final de la administración Boric, obligando al gobierno a equilibrar sus relaciones estratégicas con potencias globales mientras defiende su versión oficial sobre el estado real del proyecto de infraestructura asiático.
