El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, abordó públicamente la controversia en torno al proyecto de cable submarino entre ambas naciones, defendiendo su implementación durante una visita a la región del Bío Bío. El diplomático enfatizó la importancia de la relación bilateral, señalando una necesidad creciente de mejorar la conectividad entre China, Chile y el resto de Asia.
Según declaraciones recogidas por medios locales, el embajador sostuvo que la construcción del cable submarino refuerza la posición de Chile como líder en la economía digital dentro de América Latina. Qingbao indicó que las acciones del gobierno chileno en este proyecto son favorables tanto a los intereses nacionales chilenos como a la amistad bilateral.
Respecto a las preocupaciones de seguridad planteadas por Washington, el representante chino fue categórico al descartar cualquier implicación negativa. Aseguró que el proyecto se rige estrictamente por las leyes chilenas y que no causa perjuicio a terceros países, por lo que no socava la seguridad regional.
Esta defensa surge en un contexto de tensión diplomática, luego de que Estados Unidos revocara visas a tres funcionarios chilenos la semana anterior, incluyendo al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, y al Subsecretario de la Subtel.
El proyecto ha enfrentado escrutinio administrativo reciente en Santiago, donde se conoció que el decreto que otorgaba la concesión al cable fue firmado por el ministro Muñoz, pero anulado dos días después para someterlo a revisiones técnicas y administrativas adicionales.
El embajador Qingbao reiteró que la iniciativa beneficia a ambas partes y que las decisiones tomadas por las autoridades chilenas son vistas como positivas para el desarrollo de la conectividad nacional.
El desarrollo de infraestructura crítica como este cable submarino se enmarca en la competencia global por el control de las redes de datos y la soberanía digital en la región, un tema sensible para las potencias mundiales.
Las implicaciones de la controversia diplomática sobre la infraestructura de telecomunicaciones seguirán siendo monitoreadas de cerca por los mercados y los actores políticos en Santiago, dada la sensibilidad geopolítica del proyecto.
