El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la gestión gubernamental sobre el controvertido proyecto de cable de fibra óptica entre Chile y China, insistiendo en que no existió una aprobación explícita del Estado. Las declaraciones responden a la información divulgada por medios chilenos que detallaron que el Ministerio de Transportes había visado la concesión a China Mobile el 27 de enero, para luego anularla dos días después.
Elizalde se apegó al relato oficial, enfatizando que el acto administrativo no se consolida hasta que la Contraloría General de la República toma razón del decreto correspondiente. Según el ministro, dado que el documento nunca fue enviado a dicho órgano fiscalizador, la decisión inicial carecía de validez formal como aprobación estatal.
Esta situación se conoce luego de que Estados Unidos revocara visas a altos funcionarios chilenos, incluyendo al ministro Juan Carlos Muñoz, por supuestamente socavar la seguridad regional en relación con el proyecto. El Gobierno chileno había mantenido previamente que la iniciativa se encontraba en una etapa preliminar de evaluación.
El ministro Elizalde señaló que la aprobación de la concesión representa solo la primera de trece etapas necesarias para la ejecución del proyecto. Además, indicó que la anulación del visado por parte del ministro Muñoz ocurrió antes de que trascendiera la polémica y antes de las advertencias formales de Estados Unidos.
El secretario de Estado aludió a que el titular de Transportes ordenó estudiar antecedentes adicionales proporcionados por el embajador estadounidense, Brandon Judd, relativos a posibles ciberataques chinos. Esta revisión adicional justifica, según Elizalde, la decisión interna de retrotraer el proceso administrativo.
Elizalde reiteró que una decisión gubernamental se verifica formalmente solo tras la toma de razón de la Contraloría, lo cual no ocurrió en este caso. Esto significa, a su juicio, que no existió una decisión formal del Estado chileno de autorizar el inicio del proceso contractual.
El ministro del Interior confirmó que el ministro Muñoz informó al gabinete sobre el decreto anulado en entrevistas posteriores, pero insistió en que el principio básico del Gobierno es no tomar decisiones que afecten la seguridad nacional o regional.
