El proyecto de cable submarino que conectaría Valparaíso con Hong Kong, impulsado por China Mobile, fue formalmente visado mediante un decreto en enero, antes de que Estados Unidos impusiera restricciones de visa a altos funcionarios chilenos. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó la autorización el 27 de enero, concediendo una concesión de 30 años para la instalación y operación de la red.
Información publicada por El Mercurio detalla que la aprobación fue anulada apenas dos días después, el 29 de enero, bajo el argumento de un "error técnico o en su tipeo", según un requerimiento del jefe de gabinete de la Subtel. Este hecho no fue revelado por el Ejecutivo en sus declaraciones públicas emitidas desde que Washington retiró las visas a tres funcionarios la semana pasada.
Las declaraciones ministeriales posteriores a la acción de la Casa Blanca, incluyendo las del Canciller Alberto van Klaveren y la Ministra Camila Vallejo, insistieron en que el proyecto seguía en etapa de evaluación y no había recibido aprobación formal. Esto contrasta con la acción administrativa inicial del ministerio, que sí otorgó el visto bueno a la iniciativa que competirá con el cable Humboldt, adjudicado a Google.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, había declarado previamente que el gobierno estaba en la "recta final" para responder a China Mobile, una versión que el Ministro Muñoz desmintió parcialmente al señalar que el proyecto estaba en análisis y que se estaban revisando nuevos antecedentes tras la advertencia de Estados Unidos.
La intervención de Washington se concretó con el retiro de visas a tres funcionarios, justificada por presuntamente comprometer infraestructuras críticas de telecomunicaciones. El Ministro Muñoz se reunió con el embajador de EE. UU., Brandon Judd, el 2 de febrero, donde presuntamente recibió una advertencia sobre posibles medidas si el proyecto avanzaba.
El gobierno chileno ha mantenido una postura firme en defender las acciones de sus funcionarios, calificando la sanción de Estados Unidos como "unilateral y arbitraria", dado que, según su relato oficial, la decisión final sobre el cable chino aún no se había tomado.
La revelación de la anulación del decreto inicial complica la narrativa oficial de que el proyecto nunca avanzó más allá de la fase inicial de revisión, añadiendo una capa de complejidad regulatoria y geopolítica al manejo de la licitación de infraestructura crítica.
