Recientes comunicaciones desclasificadas de Jeffrey Epstein, datadas en febrero de 2026, revelan un interés explícito en aplicar tecnología de neurociencia para el borrado selectivo de memoria. Según reportes, Epstein buscaba financiar investigaciones que emplearan la Estimulación Magnética Transcraneal (TMS) como herramienta para alterar la narrativa de los recuerdos de sus víctimas.
La TMS es una técnica médica reconocida utilizada para tratar afecciones como la depresión severa mediante la estimulación de células nerviosas cerebrales con campos magnéticos. Sin embargo, los correos del magnate detallan su enfoque en el concepto de re-consolidación de la memoria, periodo en el cual un recuerdo se vuelve temporalmente maleable.
La propuesta consistía en aplicar ráfagas intensas de TMS durante esa ventana de maleabilidad para interrumpir la conexión neuronal asociada al trauma, con la intención teórica de eliminar el rastro del recuerdo. Expertos sugieren que esta búsqueda tecnológica representaba un mecanismo sofisticado de impunidad, buscando anular la capacidad cognitiva de las víctimas.
Aunque la ciencia actual permite inhibir ciertos miedos en entornos controlados, la eliminación quirúrgica y selectiva de recuerdos con la precisión deseada por Epstein sigue siendo inalcanzable. No obstante, el hallazgo demuestra una obsesión por el control absoluto y la búsqueda activa de científicos para apoyar este tipo de biohacking éticamente cuestionable.
Documentos adicionales indican que Epstein mantuvo comunicaciones con figuras clave de instituciones como el MIT y Harvard entre 2014, consultando la viabilidad de interrumpir la memoria a corto plazo antes de su consolidación permanente. Esta consulta sugiere una intención deliberada de crear un entorno de impunidad asistido por medios tecnológicos.
Este descubrimiento ha intensificado el debate en foros internacionales y legislaturas respecto a la necesidad de regular los neuroderechos. Los planes expuestos representan el peor escenario para la neurotecnología: el uso de estimulación cerebral profunda para ejercer una violencia cognitiva que priva al individuo de su historia personal.
Expertos en bioética advierten que este caso debe establecer un precedente crítico para prohibir cualquier investigación que manipule recuerdos sin un fin terapéutico estrictamente regulado. Aseguran que la privacidad mental debe ser protegida como un derecho humano fundamental frente a intereses que buscan conquistar el último territorio de la autonomía individual.
