Diversos gremios de la salud pública iniciaron una ofensiva contra el Gobierno tras el anuncio de un recorte presupuestario que, según los trabajadores, comprometerá la calidad de la atención a los pacientes. Las organizaciones entregaron una carta formal al Ejecutivo solicitando una revisión inmediata de la medida y no descartaron convocar a movilizaciones a nivel nacional.
Laura San Martín, secretaria de Salud Pública de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lideró la arremetida contra el ajuste fiscal. "Exigimos revertir estos recortes y priorizar la salud como un derecho fundamental garantizado por el Estado con el mismo criterio aplicado al Ministerio de Seguridad", señaló la dirigente.
Presión política y dudas sobre la gestión
El descontento alcanzó el Congreso, donde diputados de diversas bancadas cuestionaron la transparencia de la decisión. El diputado Matías Fernández (FA) emplazó al Gobierno a aclarar si el objetivo final es desmantelar el aparato estatal.
"Si hay intenciones de desmantelar el aparato de salud pública, sean transparentes en decirlo. Pero que no lo hagan solapadamente a través de estos recortes que atacan a un sistema que atiende a más del 80% de la población", afirmó Fernández.
Incluso desde la oposición, el diputado Daniel Lilayú (UDI) se sumó a las críticas, calificando como un error reducir el gasto en un sector crítico. "Cada peso que se emplee en salud y salud primaria efectivamente va a ser en beneficio de los chilenos. Personalmente, pienso que no deberían recortarse o disminuirse los recursos que son escasos", sostuvo el parlamentario.
La ministra de Salud, May Chomalí, defendió la postura del Ejecutivo durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. La secretaria de Estado ratificó que las negociaciones con los gremios continúan y aseguró que existen recursos garantizados para el tratamiento de pacientes oncológicos.
"Es una plata fresca que va a llegar a los centros de salud y estamos ahí en cada una de las partidas, pero hay que dar señales", justificó Chomalí ante los legisladores. A pesar de estas declaraciones, la incertidumbre persiste entre los trabajadores de la red pública, quienes mantienen el estado de alerta ante posibles nuevas reducciones de presupuesto en los próximos meses.
