El gobierno chileno solicitó la renuncia no voluntaria de Priscilla Carrasco, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). La decisión se conoce el 30 de marzo de 2026 y ha provocado una fuerte reacción en sectores políticos y sociales. Carrasco se encuentra actualmente en tratamiento médico por un cáncer de mama triple negativo.
Reacciones Políticas
La exministra Antonia Orellana criticó la medida a través de sus redes sociales y señaló consecuencias negativas. Ella afirmó que el Ejecutivo prioriza la violencia de género pero deja sin dirección al organismo clave. Según Orellana, la vacancia generará meses sin una titular en el cargo durante la implementación de la Ley Integral.
"Hoy el gobierno le pidió la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco del SernamEG", indicó la exsecretaria de Estado.
Orellana destacó que Carrasco encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde la creación del programa. El alcance de esta cobertura llegó al 90% del territorio nacional bajo su gestión. La funcionaria advirtió que la inconsistencia en las prioridades del Ejecutivo afecta la gestión pública.
Postura de la Oposición
La excandidata presidencial Jeannette Jara también cuestionó la administración actual en un mensaje dirigido al presidente José Antonio Kast. Jara argumentó que la ideología no debe superar los límites de los derechos de las personas. Ella exigió una explicación formal sobre el proceder de la autoridad máxima del país.
"Solidarizo con Priscila Carrasco, directora del SernamEG. Cuando la ideología supera todos los límites, no respeta los derechos de las personas", manifestó Jara.
El senador Iván Flores se sumó a las críticas a través de su cuenta en la plataforma X. El parlamentario calificó la situación como inhumana dado el difícil tratamiento médico de la directiva. Flores cuestionó cómo es posible despedir a una funcionaria elegida por Alta Dirección Pública en estas circunstancias.
La vacancia administrativa se extenderá entre la toma de razón y los plazos de Alta Dirección Pública. La evidencia sugiere que este periodo sin directora titular impactará la gestión del organismo. Las críticas se centran en la falta de solidaridad institucional frente a una emergencia de salud.
Este caso resalta tensiones dentro de la administración pública chilena respecto a la gestión de recursos humanos. La oposición utiliza el caso para cuestionar la ética del gobierno en funciones. Se espera que la respuesta oficial aclare los criterios detrás de la solicitud de renuncia.
El seguimiento de esta situación dependerá de la respuesta del Ministerio de la Mujer y la equidad de género. La comunidad de derechos humanos observará si se garantizan los derechos laborales de la funcionaria. El caso podría influir en futuras políticas de gestión pública en Chile.
