Un conflicto legal y regulatorio ha dejado al descubierto cómo un centro médico en la comuna de Providencia operaba como una clínica quirúrgica de alta complejidad, pese a que la normativa de zonificación municipal prohíbe explícitamente este tipo de establecimientos en dicho sector.
La polémica estalló tras el fallecimiento del sargento Alan González, quien murió a causa de una peritonitis luego de una intervención en la Clínica Almirante Pastene. El cirujano boliviano Elmer Terraza Ríos, representante de la clínica, ha sido formalizado por homicidio culposo.
Tras este deceso, un segundo paciente sufrió un paro cardíaco durante una cirugía en el mismo recinto, lo que obligó a su traslado de urgencia a la Clínica Santa María. Estos incidentes motivaron una inspección municipal que reveló que la clínica operaba con una patente limitada únicamente a servicios médicos de baja complejidad.
Impasse institucional
Documentos oficiales revelan una contradicción directa entre organismos del Estado. Mientras que la Municipalidad de Providencia emitió un certificado en noviembre de 202 [sic] señalando que se prohíben 'hospitales y clínicas' en el área, la Seremi de Salud Metropolitana aprobó el recinto como 'clínica médico-quirúrgica' el 2 de enero de 2023.
La autorización de la Seremi detallaba una infraestructura de alta complejidad, que incluía siete pabellones quirúrgicos y una sala de recuperación anestésica. No obstante, el municipio sostiene que su patente solo permite atención ambulatoria o de baja complejidad.
Al ser consultada sobre la discrepancia en el uso de suelo, la Seremi de Salud Metropolitana afirmó que el recinto cumplía con los requisitos del Código Sanitario. La entidad añadió que la verificación de la compatibilidad del uso de suelo es responsabilidad de la municipalidad.
Por su parte, la Municipalidad de Providencia confirmó que su patente restringe el lugar a un 'Centro Médico' de baja complejidad. Funcionarios señalaron que han realizado al menos cinco inspecciones desde 2024, incluyendo una tras la muerte de una mujer de 28 años.
Las autoridades locales admitieron limitaciones en su capacidad de fiscalización. 'La inspección se realiza dentro de nuestras competencias y con las restricciones de acceso impuestas por el propio centro', señaló el municipio respecto a una visita realizada en 2025.
Desde entonces, las autoridades sanitarias han aplicado multas que suman 210 UTM y han iniciado diversos sumarios sanitarios. En marzo de 2026, la Seremi prohibió el uso de los pabellones quirúrgicos y las salas de recuperación de la clínica tras la investigación por la muerte de la paciente.
