La Ciudad de México presentó una iniciativa urgente para frenar la generación de residuos plásticos provenientes del comercio electrónico. La diputada Elvia Estrada del Partido Verde Ecologista de México introdujo la propuesta en el Congreso local este martes. El objetivo es reducir el impacto ambiental de los envíos online, los cuales generan más de 236 toneladas diarias de basura en la capital.
Esta legislación busca prohibir los plásticos de un solo uso en el embalaje de productos comprados en línea sin excepciones. Las empresas deberán optar por materiales reciclables, compostables o reutilizables bajo las nuevas normativas vigentes. La medida pretende cortar el flujo de desperdicios desde el origen de la cadena de consumo digital en la región.
Las estimaciones indican que cada compra en línea genera entre 100 y 300 gramos de residuos de empaque variados. Estos desechos incluyen cajas de cartón, plásticos de relleno, bolsas y etiquetas adhesivas que terminan en vertederos. La cantidad varía según el tipo de producto y el número de envíos que compongan un pedido único.
Datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, analizados por la organización Oceana, alertan sobre la magnitud del problema. Se calcula que el comercio electrónico produce más de 86.000 toneladas anuales de residuos en la zona metropolitana. El 41% de los plásticos recolectados corresponde a materiales de baja densidad, difíciles de reciclar técnicamente.
El impacto económico también afecta directamente a los contribuyentes de la ciudad mediante tasas de gestión de residuos. En 2021, el municipio destinó 1.779 millones de pesos al manejo de residuos plásticos de todo tipo registrado. De esa cifra, 53,4 millones pesos provinieron directamente de desechos innecesarios del comercio electrónico reciente.
A nivel global, plataformas como Amazon y Mercado Libre han disparado el uso de cartón y plásticos para envíos masivos. El consumo digital se ha convertido en una fuente relevante de basura urbana en grandes metrópolis latinoamericanas y europeas. Esto refleja una tendencia regional que requiere atención regulatoria inmediata por parte de los gobiernos.
En Chile, la situación presenta desafíos similares con la expansión acelerada de la compraventa por internet nacional. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor intenta gestionar los residuos, pero los envíos transfronterizos complican el control local. Autoridades locales monitorean el crecimiento de la basura digital en ciudades como Santiago ante la falta de regulación específica.
La legisladora subrayó que comprar en línea no puede seguir siendo sinónimo de contaminación indiscriminada en las urbes. Con esta propuesta, se busca modificar la ley y transformar los hábitos de consumo hacia prácticas más sostenibles y responsables. El seguimiento de la iniciativa será clave para evaluar su viabilidad en la región a corto plazo.