El Ministerio del Medio Ambiente de Chile ha iniciado un proceso de consulta pública para establecer requisitos regulatorios claros sobre la gestión de baterías de vehículos eléctricos. La iniciativa busca definir las obligaciones específicas de los importadores en cuanto a la recolección y recuperación de baterías de litio una vez que estas cumplen su vida útil.
Este impulso regulatorio se fundamenta en la Ley 20.920 de 2016, conocida como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Esta legislación establece que las empresas que introducen productos en el mercado chileno deben hacerse cargo de su disposición final y de su impacto ambiental.
Enfrentando el desafío de la gestión de baterías
La transición de Chile hacia la electromovilidad se ha acelerado; según datos de la Agencia de Sostenibilidad Energética, actualmente circulan más de 14.000 vehículos eléctricos livianos en el país. La Asociación Nacional Automotriz (ANAC) proyecta que esta flota crecerá en otras 12.000 unidades en el futuro cercano.
Aunque el auge de los vehículos eléctricos está en sintonía con las tendencias globales de eficiencia energética, genera una necesidad inmediata de infraestructura para gestionar las baterías usadas. El decreto propuesto, abierto a comentarios públicos hasta el 9 de abril, busca integrar estos requisitos de eliminación dentro del marco legal vigente.
Los defensores de la economía circular sostienen que la política gubernamental debe ir más allá de las normas básicas para fomentar soluciones prácticas y escalables. REBATVE, una organización especializada en la reutilización de baterías, sostiene que estas unidades pueden tener un segundo uso en sistemas de energía estacionaria.
Al reutilizar estas baterías, las empresas podrían reducir los residuos y, al mismo tiempo, fortalecer la red energética nacional. Los actores de la industria aseguran que un marco regulatorio sólido debe aprovechar estas capacidades existentes para garantizar que la ley REP funcione de manera efectiva en la práctica.
La participación en el proceso de consulta actual está abierta a todas las partes interesadas. Las autoridades enfatizan que el éxito de estas políticas ambientales depende de la participación activa tanto del sector privado como de la ciudadanía, para asegurar que las regulaciones se traduzcan en resultados sostenibles y verificables.