Una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que más de tres mil doscientas personas detenidas o bajo medidas cautelares han recuperado su libertad plena desde la promulgación de la Ley de Amnistía hace cuatro días. El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada de su implementación, comunicó los avances en una rueda de prensa reciente.
Según Arreaza, los organismos competentes recibieron 4 mil 203 solicitudes hasta la mañana del martes para acceder al beneficio legal. De estas, se otorgó la “libertad plena” a tres mil cincuenta y dos individuos que ya gozaban de arresto domiciliario o presentación, además de ciento setenta y nueve que estaban en prisión preventiva.
El beneficio legal incluye la extinción del delito por el cual la persona estaba siendo procesada o condenada, según explicó el diputado. Hasta el momento, ninguna de las solicitudes evaluadas ha sido declarada improcedente por la comisión especial. La ley excluye específicamente a quienes fueron condenados por homicidio, narcotráfico, rebelión militar o violaciones graves a los derechos humanos.
Foro Penal, una organización no gubernamental que monitorea los derechos de los detenidos, ha verificado la liberación de solo 91 personas por motivos políticos desde el 20 de febrero. Este grupo civil ha solicitado la revisión de 232 casos que quedaron excluidos de la aplicación de la amnistía, afirmando que cerca de 600 personas permanecen detenidas.
La iniciativa, impulsada por la entonces presidenta encargada Delcy Rodríguez, generó desconfianza entre familiares de los detenidos y grupos de derechos humanos. Estas organizaciones exigen la liberación inmediata de todos los reclusos por motivaciones políticas, incluyendo activistas, estudiantes y periodistas.
La Ley de Amnistía fue sancionada el 19 de febrero, casi tres semanas después de que Rodríguez presentara el proyecto con el objetivo declarado de potenciar la convivencia nacional. El gobierno venezolano, sin embargo, niega la existencia de “presos políticos”, acusando a los detenidos de conspirar contra la estabilidad del Estado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación porque sean los mismos jueces y fiscales que emitieron las acusaciones iniciales los encargados de interpretar la ley. Estos grupos solicitan la designación de jueces ad hoc para garantizar una aplicación imparcial del instrumento legal y el desmantelamiento del sistema que, según ellos, propicia las encarcelaciones.
La aplicación de esta ley ocurre en un contexto de alta polarización política en Venezuela, buscando, según el gobierno, reparar las divisiones generadas desde la llegada al poder del chavismo en 1999. El impacto real en la población carcelaria y el cumplimiento de los estándares internacionales serán observados de cerca por la comunidad internacional.
