El activista venezolano de derechos humanos Javier Tarazona fue liberado el domingo, según confirmó su organización, Fundaredes, en el contexto de una reciente ola de excarcelaciones impulsada por la presión externa sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Tarazona, quien dirigía la ONG Fundaredes, permanecía recluido desde 2021 en la prisión de El Helicoide, en Caracas.
La liberación ocurre semanas después de que fuerzas estadounidenses detuvieran al presidente Maduro y exigieran reformas políticas y económicas en el país. Foro Penal, otra ONG venezolana, reportó que más de 300 presos políticos han sido liberados desde el ocho de enero, señalando una posible respuesta gubernamental a las demandas internacionales.
El viernes previo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el gobierno presentaría una ley de amnistía destinada a cientos de detenidos por motivos políticos. Esta legislación también contempla el cierre de la controvertida instalación penitenciaria de El Helicoide, según reportes oficiales.
Tarazona había sido acusado de traición, terrorismo e incitación al odio, luego de que denunciara supuestos vínculos entre funcionarios gubernamentales y grupos guerrilleros en la frontera colombo-venezolana. Fundaredes declaró que la liberación no anula la injusticia sufrida, sino que constituye un paso necesario en un proceso marcado por la persecución.
La detención de figuras opositoras y activistas bajo cargos como terrorismo ha sido calificada como arbitraria por sus familiares. La campaña por las liberaciones se intensificó tras la captura simulada de Maduro por fuerzas especiales de EE. UU. el tres de enero, según fuentes cercanas a los familiares.
La Asamblea Nacional debe aprobar la ley de amnistía en los próximos días, con el objetivo declarado de "sanar las heridas del enfrentamiento político", según Rodríguez. Sin embargo, Foro Penal advirtió que muchos de los liberados recientemente no han visto retirados sus cargos, dejándolos en un limbo legal e impidiéndoles la participación pública.
El gobierno venezolano históricamente ha negado la existencia de presos políticos, aunque defensores de derechos humanos y opositores insisten en que las acusaciones son infundadas y utilizadas para reprimir la disidencia.
