Goma, República Democrática del Congo – Un año después de que los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) tomaran el control de Goma, centro neurálgico de la provincia congoleña del Kivu norte, la vida cotidiana parece haber recuperado un ritmo frenético. Calles concurridas y mercados activos sugieren una vuelta a la normalidad. Sin embargo, esta fachada esconde una profunda disfunción económica: las principales instituciones bancarias permanecen con puertas cerradas y cajeros automáticos inactivos, un legado directo de la toma de la ciudad el 27 de enero de 2025.
Entidades como Rawbank, Ecobank y Access Bank mantienen sus sucursales selladas, forzando a la población a depender de transacciones en efectivo o, en el mejor de los casos, a buscar soluciones transfronterizas. Para muchos, como Sheilla Zawadi, propietaria de una farmacia, acceder a su dinero se ha convertido en una odisea logística y financiera. Zawadi ha tenido que viajar repetidamente a Gisenyi, en Ruanda, para utilizar cajeros automáticos, incurriendo en elevadas comisiones y pérdidas por el cambio de divisas, ya que debe convertir francos ruandeses a dólares y luego a francos congoleños.
El cierre de la infraestructura financiera ha exacerbado la dolarización informal de la economía, provocando una escasez de divisas y un aumento generalizado de los precios de los productos básicos. Comerciantes como Esperance Mushashine reportan que la capacidad de compra de los consumidores se ha desplomado, atrapando a la ciudad en un ciclo de contracción económica. Analistas locales señalan que la interrupción de las instituciones de microfinanzas y bancos comerciales impide la circulación de capital necesaria para la recuperación post-conflicto.
La atribución de responsabilidades por el cese de operaciones bancarias es un campo de batalla político. Funcionarios del M23, que ahora administran la ciudad, acusan al gobierno de Kinshasa de ordenar el cierre para proteger miles de millones en depósitos de los ahorradores, alegando que mantener el dinero bajo control rebelde constituiría un crimen de guerra. Por otro lado, el gobierno congoleño sostiene que ninguna entidad puede operar legalmente bajo el control de un grupo armado sancionado internacionalmente, señalando al M23 como el obstáculo para la reanudación de servicios.
Algunos residentes, como Gustave Katsuva, que utiliza Equity BCDC, han podido mitigar el impacto mediante la banca en línea y las aplicaciones móviles. Sin embargo, incluso estos usuarios enfrentan mermas significativas, perdiendo cerca del 3% al retirar dólares en Goma, lo que subraya cómo la crisis bancaria afecta incluso a aquellos con acceso digital.
El cierre de Goma y subsecuentes avances del M23 en el este de la RDC han generado una crisis humanitaria y económica crónica. Mientras Kinshasa y los rebeldes se culpan mutuamente, la vida económica diaria de millones de personas en el Kivu norte se mantiene en suspenso, dependiente de la inestabilidad geopolítica y las decisiones de las instituciones financieras, muchas de las cuales se han negado a comentar sobre el futuro de sus sucursales.
La situación es un claro ejemplo de cómo el control territorial por parte de actores no estatales impacta directamente en la infraestructura económica formal, obligando a la economía regional a retroceder hacia métodos de intercambio menos eficientes y más costosos. (Fuente: Adaptado de reportaje de Al Jazeera)