Un tribunal francés condenó este lunes a la cementera Lafarge por financiar organizaciones terroristas durante la guerra civil en Siria. El veredicto pone fin a una batalla legal de años sobre las operaciones de la compañía en la región entre 2013 y 2014.
La fiscalía logró demostrar que Lafarge pagó cerca de 14 millones de dólares a grupos armados, incluidos el Estado Islámico (EI) y el Frente al Nusra, vinculado a Al Qaeda. Estos pagos tenían como objetivo garantizar que la planta de cemento de Jalabiya siguiera funcionando a pesar de la creciente violencia en el norte de Siria.
El precio de mantener una fábrica abierta
El tribunal concluyó que los ejecutivos buscaron proteger los beneficios de la empresa manteniendo su presencia en una zona de guerra en disputa. Al negociar con militantes para permitir el paso de personal y suministros a través de los puestos de control, la compañía financió efectivamente a grupos responsables de atrocidades generalizadas.
Los investigadores descubrieron pruebas que demuestran que la dirección de Lafarge era plenamente consciente de los riesgos. Documentos internos y testimonios de antiguos empleados sugirieron que la empresa priorizó los objetivos de producción por encima de la seguridad de su personal y del impacto potencial de su apoyo financiero a los extremistas.
Grupos de derechos humanos y víctimas del conflicto sirio celebraron el veredicto como una decisión histórica en materia de responsabilidad corporativa. Los abogados de los demandantes afirmaron que el fallo sienta un precedente sobre cómo las corporaciones multinacionales deben rendir cuentas por sus acciones en zonas de conflicto.
Lafarge, que se fusionó con la empresa suiza Holcim en 2015, ha estado bajo un intenso escrutinio desde que surgieron las acusaciones. La compañía admitió previamente los pagos en procedimientos judiciales en Estados Unidos, reconociendo que su filial no cumplió con los protocolos internos de cumplimiento.
Expertos legales sugieren que el fallo francés podría cambiar el panorama del derecho corporativo internacional. El caso sirve como advertencia de que las empresas no pueden aislarse de las consecuencias de sus transacciones financieras, incluso cuando operan en los entornos más inestables del planeta.
