Un tribunal de París dictaminó este lunes que el fabricante de cemento Lafarge es culpable de financiar el terrorismo. La empresa pagó dinero por protección al Estado Islámico y a otros grupos yihadistas para mantener sus operaciones en una planta del norte de Siria durante el apogeo de la guerra civil en el país.
Lafarge, que desde entonces ha sido adquirida por el conglomerado suizo Holcim, canalizó millones de dólares a través de su filial, Lafarge Cement Syria, durante 2013 y 2014. Estos pagos permitieron a la compañía mantener en funcionamiento su planta de Jalabiya mientras la región circundante caía bajo el control de facciones extremistas.
Ayudando al Califato
La jueza presidenta Isabelle Prevost-Desprez emitió una dura evaluación sobre la conducta de la empresa. Señaló que el apoyo financiero proporcionado al Estado Islámico no fue simplemente un costo operativo, sino un salvavidas estratégico para la organización terrorista.
"Este método de financiación de organizaciones terroristas, principalmente del EI, fue esencial para permitir que la organización terrorista obtuviera el control de los recursos naturales de Siria", declaró Prevost-Desprez. Añadió que estos fondos facilitaron directamente la capacidad del grupo para planificar y ejecutar actos terroristas tanto en Oriente Medio como en el extranjero, específicamente contra Europa.
El fallo marca una conclusión importante en una larga batalla legal sobre la complicidad corporativa en conflictos internacionales. Los investigadores rastrearon el flujo de dinero desde la firma francesa hasta intermediarios, el cual llegó finalmente a las arcas de grupos violentos que buscaban consolidar su poder en la región.
Al pagar a estos militantes, la empresa aseguró efectivamente sus intereses industriales a costa de la seguridad regional. La decisión del tribunal establece un precedente legal para exigir responsabilidades a las corporaciones multinacionales por las acciones de sus filiales locales en zonas de guerra.
