Un juez del Tribunal Federal de Nueva Gales del Sur ha desestimado el recurso legal presentado por Adriana Rivas González, allanando el camino para su extradición a Chile. Rivas, quien fuera secretaria y colaboradora cercana del director de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras, es requerida por la justicia chilena por su presunta participación en el secuestro y desaparición de siete dirigentes del Partido Comunista durante la dictadura de Pinochet.
El fallo del juez Michael Lee marca la etapa final de un extenso proceso judicial que comenzó tras la huida de Rivas de Chile en 2011. Finalmente, fue arrestada en Sídney en 2019, ciudad donde había residido durante décadas.
Un largo camino hacia la justicia
Francisco Ugás, abogado representante de las familias de las víctimas, celebró la decisión como una victoria decisiva. "La resolución del juez Michael Lee constituye un paso decisivo en este proceso de extradición", señaló Ugás. "Estamos satisfechos con la firme decisión del magistrado de desestimar cada uno de los argumentos y alegatos presentados por la defensa".
Ugás destacó que la batalla legal se ha prolongado por más de 15 años, poniendo a prueba la determinación de las familias de las víctimas. "Nos conmueve ver un horizonte que finalmente pondrá fin a este asunto", añadió.
Según Ugás, tras el fallo del juez se abren tres escenarios posibles. Primero, que Rivas decida no apelar y consienta la extradición. Bajo el tratado vigente entre Australia y Chile, su traslado se completaría en un plazo de dos meses.
Segundo, Rivas podría presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Federal. Sin embargo, Ugás se mostró escéptico sobre el éxito de tal medida, citando la solidez de los argumentos escritos por el juez Lee. Por último, el caso podría, teóricamente, llegar al Tribunal Superior de Australia, aunque Ugás calificó la probabilidad de éxito de esa vía como "altamente compleja" dada la naturaleza jurídica específica del caso.
Rivas, conocida como "La Chani", fue la mano derecha del jefe de la DINA, la policía secreta de Chile, entre 1974 y 1977. Aunque su rol era oficialmente administrativo, las pruebas indican que formaba parte de la Brigada Lautaro, una notoria unidad de exterminio de la DINA.
Las autoridades chilenas la acusan como coautora de las desapariciones forzadas de Víctor Díaz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira. Cabe destacar que Pereira estaba embarazada de cinco meses al momento de su secuestro.
Rivas se encontraba bajo vigilancia judicial en Chile antes de su fuga en 2011, tras haber obtenido la libertad provisional. Viajó a través de Argentina antes de establecerse en Australia, donde permaneció hasta su detención en 2019. La Corte Suprema de Chile solicitó formalmente su extradición en 2014, y el gobierno australiano autorizó el traslado en agosto de 2024.