El diputado Luis Cuello del Partido Comunista (PC) instó al Gobierno chileno a declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos, en el contexto de la polémica generada por el proyecto de cable submarino que conectará a Chile con China. La solicitud, reportada por BioBioChile, subraya la fricción diplomática que rodea la inversión en infraestructura digital transpacífica.
Esta escalada verbal ocurre tras reportes que indican que Estados Unidos ha suspendido visas a funcionarios chilenos vinculados al proyecto del cable. El doctor en Ciencia Política Robert Funk señaló que esta acción constituye una forma de presión política que afecta la soberanía de Chile, según reportó La Era.
El debate se intensificó con la propuesta de la oposición de impulsar una comisión investigadora sobre el controvertido proyecto. La UDI busca fiscalizar el acuerdo, aunque analistas señalan que en Chile las comisiones investigadoras a menudo tienen más peso mediático que consecuencias prácticas inmediatas.
Paralelamente, el tema de la soberanía y la influencia extranjera se cruza con la política interna, como lo demuestra la solicitud del diputado Cuello, quien busca marcar una postura firme frente a lo que percibe como injerencia externa en decisiones nacionales de infraestructura.
En un plano distinto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, defendió la importancia de los procesos regulatorios en el país, refiriéndose al término "permisología" como peyorativo, destacando que los permisos aseguran la calidad de construcciones y el acceso a servicios básicos como el agua potable.
El Gobierno del Presidente Boric también destacó avances en infraestructura social, como la superación de los cien Servicios Sanitarios Rurales construidos, con una inversión superior a los 200.898 millones de pesos para mejorar el acceso al agua potable.
Las tensiones geopolíticas en torno a la tecnología y la infraestructura de telecomunicaciones continúan siendo un foco de análisis en Santiago, poniendo a prueba el equilibrio diplomático de Chile entre sus socios comerciales y aliados estratégicos tradicionales.
La comunidad política chilena deberá navegar estas presiones mientras define su política de inversión en redes de fibra óptica de alta capacidad, cruciales para el desarrollo económico futuro del país.
