La relación diplomática entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de fricción tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien exigió al embajador Ronald Johnson limitar su actuación a la coordinación bilateral y abstenerse de intervenir en asuntos internos. Según reportó El Universal, la mandataria respondió a los señalamientos del diplomático estadounidense sobre la lucha contra los cárteles del narcotráfico, calificándolos como una injerencia en la política nacional.
El conflicto escaló luego de que Johnson advirtiera, un día antes de las declaraciones de la presidenta, que convertir la lucha contra el crimen organizado en un debate político representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación entre ambos países. Ante esto, Sheinbaum sostuvo que, si bien existe una agenda compartida en seguridad, los representantes extranjeros deben apegarse a los principios de autodeterminación y no intervención.
“Es muy importante también, lo digo respetuosamente, recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, sostuvo la mandataria. Sheinbaum subrayó que sus propios embajadores en el extranjero no emiten opiniones sobre la política interna de las naciones donde desempeñan sus funciones, por lo que consideró que ese mismo criterio debe prevalecer en el caso de Johnson.
La presidenta reconoció que ambos países comparten desafíos en materia de seguridad, particularmente ante la violencia generada por la delincuencia organizada. No obstante, enfatizó que la estrategia debe basarse en que cada nación actúe dentro de su propio territorio, manteniendo la coordinación sin cruzar la línea hacia la política interna mexicana.
El futuro del tratado comercial
Mientras la tensión política crece, los frentes económicos muestran una postura oficial de continuidad. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó a través de El Financiero que el pasado 1 de junio notificó formalmente a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá la intención de México de prorrogar la vigencia del T-MEC por 16 años adicionales.
Esta decisión se fundamenta en una consulta pública nacional realizada por el Gobierno de México entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre del año pasado, la cual incluyó 30 foros sectoriales y 32 foros estatales. Los resultados reflejaron una percepción favorable sobre el tratado como un pilar para la integración económica de América del Norte y un motor para la competitividad regional.
No obstante, el proceso de revisión no está exento de desafíos. De acuerdo con El Financiero, los participantes en las consultas expresaron preocupación por la permanencia de medidas arancelarias y no arancelarias, incluyendo aquellas derivadas de la Sección 232 de Estados Unidos sobre acero y aluminio que afectan el intercambio comercial entre los tres países.
Para mitigar estas fricciones, la Secretaría de Economía informó que recientemente presentó dos propuestas adicionales de cooperación regional orientadas a fortalecer las cadenas de suministro y reducir la dependencia de Asia en sectores estratégicos. A casi seis años de la entrada en vigor del acuerdo, el gobierno mexicano sostiene que mantener la certidumbre para los inversionistas es fundamental para preservar el crecimiento económico.
