El Senado aprobó sin discusión la integración de comisiones para el periodo 2026-2030. La decisión cierra un proceso de negociaciones intensas entre los bloques parlamentarios. Iván Moreira, vicepresidente de la Cámara Alta, ordenó la constitución inmediata de espacios clave.
Entre las áreas prioritarias se encuentran Hacienda y Constitución, que requieren liderazgo definido desde el inicio. El vicepresidente mandató la constitución de once comisiones específicas en la misma jornada. Esto permite comenzar el trabajo técnico antes de las sesiones plenarias habituales.
Pedro Araya del PPD presidirá la comisión de Constitución durante el primer año del mandato. Otros miembros incluyen a Paulina Vodanovic del PS y Arturo Squella de la bancada republicana. El espacio también contará con un senador designado por la DC, FA, PC y la FRVS.
En materia fiscal, Javier Macaya de la UDI asumirá la presidencia de la comisión de Hacienda. La bancada socialista estará representada por Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini en este comité. Rodolfo Carter y María José Gatica complementarán la integración de este espacio económico.
La izquierda tardó dos días más que el oficialismo en alcanzar consensos internos durante la negociación. Este retraso generó un fuerte nudo de discusión principalmente alrededor de la comisión de Constitución. Finalmente, la aprobación se realizó sin debate en la sala, lo que facilitó la agilidad del proceso.
Manuel José Ossandón de RN liderará la comisión de Relaciones Exteriores junto a Iván Moreira. El espacio de Trabajo tendrá a Luciano Cruz-Coke de Evópoli como presidente del comité. La comisión de Economía será presidida por Gastón Saavedra del Partido Socialista.
La distribución de cargos define quién controlará la agenda legislativa en los próximos cuatro años. Estos espacios determinan la viabilidad de proyectos de ley que afectan la estabilidad nacional. La estructura actual refleja el equilibrio de poder entre los partidos de gobierno y oposición, asegurando representatividad.
El próximo paso implica el inicio formal de las sesiones en los nuevos comités designados. La Cámara Alta deberá enfrentar desafíos en temas constitucionales y fiscales durante su gestión. La capacidad de acuerdo entre bloques será clave para el avance de la legislación.
