El encarcelado ex primer ministro paquistaní Imran Khan no ha recibido visitas en más de cinco semanas, según reportó su partido, una medida que la familia atribuye a un esfuerzo por silenciar sus mensajes al exterior. El Gobierno rechaza estas acusaciones, argumentando que las restricciones se deben a que Khan habría infringido normas carcelarias relativas a la discusión política, aunque el clima general apunta a una limitación del disenso.
El espacio para la crítica al Estado se reduce visiblemente, según observadores de derechos humanos y analistas políticos, con consecuencias severas para quienes difieren de la narrativa oficial. Recientemente, la abogada de derechos humanos Imaan Mazari y su esposo fueron sentenciados a diez años de prisión por difundir contenido considerado antiestatal en redes sociales, un hecho que Amnistía Internacional condenó como táctica de intimidación.
La hermana de Khan, Aleema Khanum, declaró a la BBC que existe una directriz no oficial en los medios: no emitir comentarios positivos sobre Imran Khan ni negativos sobre el jefe militar, el mariscal de campo Asim Munir. Desde agosto de 2023, cuando Khan fue encarcelado tras ser condenado en varios casos de corrupción que él considera políticos, su comunicación con el exterior ha sido severamente restringida, incluyendo un encuentro de apenas ocho minutos con su abogado.
Las declaraciones atribuidas a Khan, a menudo muy críticas con el liderazgo militar, han provocado respuestas contundentes de las autoridades, calificándolo de amenaza a la seguridad nacional tras llamamientos específicos contra el jefe del ejército. Analistas como Michael Kugelman, del Atlantic Council, sugieren que la actual represión es la más intensa bajo un gobierno civil, acercando el país a un régimen autoritario debido a la preponderancia militar.
El estamento militar, históricamente influyente en la política paquistaní, ha visto su poder consolidado, especialmente después de que una enmienda constitucional otorgara inmunidad de por vida al General Munir. Aunque ministros de Interior niegan que los militares dicten las decisiones, expertos como Munizae Jahangir, del Consejo de Derechos Humanos de Pakistán, ven un vínculo directo entre la dominancia militar y la reducción del espacio para la libertad de expresión y protesta.
Periodistas y defensores de derechos humanos reportan un clima de miedo creciente, con acoso telefónico y limitaciones para organizar eventos públicos, justificados por las autoridades como medidas de seguridad. Medios de comunicación enfrentan presiones económicas, como la suspensión de publicidad gubernamental al diario Dawn, lo que ha fomentado una cultura de autocensura en las salas de redacción, considerada por algunos como más perniciosa que la censura directa.
Las implicaciones geopolíticas de esta contracción democrática son significativas, ya que la inestabilidad interna y la opacidad en la toma de decisiones complican las relaciones con socios internacionales. El endurecimiento de leyes como la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos busca combatir el denominado terrorismo digital, pero es percibido por críticos como una herramienta para sofocar la disidencia en el ámbito digital.
