Una divergencia fundamental en la política antidrogas de Colombia marca la agenda previa al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington. Mientras Petro mantiene su enfoque en la sustitución voluntaria de cultivos de coca, respaldada por agricultores como Yuli Caicedo en Nariño, Trump exige una aplicación más agresiva de la erradicación forzada para frenar la producción de cocaína.
La estrategia de Petro, implementada desde 2022, se aleja de las fumigaciones y erradicaciones militares que históricamente generaron resentimiento entre los campesinos que dependen del cultivo para subsistir. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ofrece incentivos económicos y apoyo técnico para reemplazar la hoja de coca por cosechas legales, como plátano y cacao.
Sin embargo, los resultados estadísticos complican el argumento de Petro, ya que según cifras recientes de Naciones Unidas, el cultivo de coca en Colombia aumentó cerca de un 10% en 2023, con una potencial producción de cocaína que se disparó un 53% hasta las 2,600 toneladas. El gobierno colombiano ha cuestionado la metodología de la ONU, argumentando que sus cifras se basan en supuestos estadísticos poco claros, según reportó la prensa local.
La administración Trump ha sido explícita en su crítica, llegando a descertificar a Colombia como socio en la lucha contra las drogas el pasado mes de septiembre, culpando directamente a Petro por la falta de acción contundente. Analistas como Michael Weintraub, del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED), sugieren que la reunión será tanto un ejercicio de maniobra política como de política real, donde ambos líderes buscarán reivindicar victorias ante sus audiencias.
La tensión se exacerba por otros factores geopolíticos, incluyendo las críticas previas de Petro a las acciones de Estados Unidos en Venezuela y su acercamiento a China, principal rival económico de Washington. A pesar de estas fricciones ideológicas y estratégicas, la llamada telefónica de enero y la inminente reunión presencial sugieren un esfuerzo por estabilizar una relación crucial para la seguridad regional.
Para los agricultores en zonas como Tumaco, la alternativa económica es el factor determinante; Charles Martínez, quien ya sustituyó sus cultivos, señaló a Al Jazeera que la erradicación forzada solo generaba ira y un retorno inmediato al cultivo ilegal. La sostenibilidad de la paz y la reforma rural prometida en el acuerdo de 2016 dependen de que las alternativas económicas superen la rentabilidad de la cocaína, que sigue siendo alta debido a la fuerte demanda en Norteamérica y Europa.
