El gobierno de Nicaragua, dirigido por la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha intensificado el cerco informativo sobre el país tras la violenta represión de las protestas populares ocurridas en 2018. Esta estrategia ha resultado en la expulsión de periodistas extranjeros, el cierre de medios locales independientes y el exilio de figuras opositoras clave.
Esta política de aislamiento informativo ha provocado que Nicaragua sea frecuentemente comparada con regímenes de control estricto, ya que el flujo de información externa y la crítica interna han sido sistemáticamente suprimidos. La falta de transparencia gubernamental dificulta la evaluación precisa de la situación económica y social del país centroamericano.
El poder en Managua se concentra extraordinariamente en Ortega y Murillo, quienes han modificado el marco constitucional para otorgarse facultades casi absolutas. Esta acumulación de poder contrasta drásticamente con los ideales sandinistas de democracia y liberación por los que el movimiento luchó originalmente contra la dictadura Somoza en 1979.
La mayoría de los líderes fundadores de la revolución sandinista se encuentran ahora encarcelados, exiliados o han fallecido, lo que marca una ruptura profunda con la historia política del país. Este control centralizado afecta directamente las decisiones económicas y la relación con organismos multilaterales.
Cientos de miles de nicaragüenses han buscado refugio en países vecinos, principalmente en Costa Rica, desde donde se documenta la represión y la situación humanitaria. Estos exiliados representan una diáspora crítica que busca mantener viva la voz de la oposición.
La falta de acceso para observadores internacionales y la coerción interna generan un vacío de información que obstaculiza la intervención diplomática o la asistencia económica condicionada. La comunidad internacional mantiene una vigilancia limitada sobre la segunda economía más pequeña de América Central.
El panorama actual sugiere que el modelo de gobierno se consolida bajo parámetros autoritarios, priorizando la estabilidad del régimen sobre la apertura democrática y la integración económica regional. El futuro inmediato dependerá de la capacidad de la oposición interna y la diáspora para articular una estrategia efectiva desde el exterior.
